En una reciente decisión, la Justicia estadounidense ha dictado un fallo adverso para España en el contexto de las controversias legales originadas por la eliminación retroactiva de las primas a las energías renovables. Este dictamen reconoce una deuda acumulada de 34 millones de euros que el país debe abonar a la empresa japonesa JGC Corporation.

El Tribunal del Distrito de Columbia, bajo la dirección del juez Rudolph Contreras, ha ordenado que se dé cumplimiento al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo vinculado al Banco Mundial. Este laudo, a favor de JGC Corporation, consolidó una obligación de pago de 36,1 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 34 millones de euros, según apuntaron fuentes legales a Europa Press.

La sentencia revela que, conforme a una decisión previamente emitida por esta misma Corte el 26 de septiembre de 2024, se exige que el laudo arbitral del 9 de noviembre de 2021 en el caso ARB/15/27 (JGC Corporation contra el Reino de España) se ejecute en los tribunales estadounidenses, como si se tratara de un veredicto definitivo en cualquier instancia judicial del país.

JGC Corporation, una destacada multinacional japonesa con diversas subsidiarias y cotizada en bolsa, inició su demanda contra el gobierno español en 2015 con un reclamo que inicialmente ascendía a 93,5 millones de euros. El Ciadi emitió su fallo final en noviembre de 2021, estableciendo una indemnización de 23,5 millones de euros a favor de JGC.

A pesar de los intentos infructuosos de España por anular este laudo, que comenzaron el 14 de marzo de 2022 y culminaron en una contundente derrota en febrero de 2024, la empresa JGC avanzó legalmente en Estados Unidos con el apoyo de Blaskett Renewable Investments.

Las fuentes indicaron que esta resolución judicial otorga a los litigantes la capacidad de buscar la ejecución del laudo en el territorio estadounidense, proporcionándoles herramientas legales adicionales ante la negativa de España a cumplir y a los retrasos en sus compromisos internacionales.

Es importante resaltar que, desde este momento, “España no es solo considerada un país deudor ante las cortes de Australia, Bélgica o el Reino Unido, sino que se suma a Estados Unidos como otro de los países que sitúan a España en esta complicada situación económica”, apuntaron las mismas fuentes.

El importe reconocido, que incluye intereses por demora, ha incremento la deuda inicial en un 53,6%. A partir de ahora, los intereses se calcularán a un rate del 4% anual, lo que eleva el total a ser pagado a 34 millones de euros en 10,724 millones de euros adicionales.

Dada la situación, se estima que cualquier incumplimiento en el pago de esta sentencia podría exponer los activos y bienes de España en el territorio estadounidense a embargos y confiscaciones, tal como ya ocurrió anteriormente con las decisiones de tribunales en Australia, Bélgica y el Reino Unido.

Este fallo se enmarca dentro de un contexto más amplio de más de 50 litigios internacionales de arbitraje iniciados por inversores que confiaron en los incentivos ofrecidos por España para fomentar el desarrollo de las energías renovables.

Hasta la fecha, se han emitido alrededor de 25 laudos que obligan a España a indemnizar a las empresas afectadas con un total de 1.562 millones de euros. A esta suma se suman 326 millones en sobrecostes judiciales y financieros, una cifra que incluye condenas en costas, intereses de demora y los gastos derivados de consultores y abogados contratados por la Abogacía del Estado.

Finalmente, las fuentes subrayaron que el impacto negativo sobre la economía española derivado de esta continua inseguridad jurídica y los impagos se estima en aproximadamente 7.340 millones de euros para el periodo 2023-2024, lo que refleja la gravedad de la situación a la que se enfrenta el país.