MADRID, 21 de noviembre.

El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como GREVIO, ha destacado el firme compromiso de España en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En su reciente informe, han instado a las autoridades españolas a mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan con víctimas y agresores de estos casos, lo que incluye a miembros del poder judicial.

El informe, dado a conocer este jueves, celebra la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en 2022, normativa que tipifica como delito cualquier acto sexual realizado sin el libre consentimiento de la persona involucrada.

Entre las iniciativas positivas que menciona el informe se encuentra la implementación del Plan conjunto plurianual sobre la violencia contra la mujer (2023-2027), así como la ampliación de políticas y servicios que abarcan otras formas de violencia contra la mujer, además de la violencia de pareja. Destaca también la creación de centros de asistencia integral operativos las 24 horas del día.

Asimismo, GREVIO expresa su satisfacción por la inclusión en la legislación del principio que suspende temporalmente los derechos de custodia y visita de los niños expuestos a la violencia doméstica. Igualmente, celebra la prohibición del controvertido síndrome de alienación parental en situaciones de violencia familiar.

Sin embargo, el grupo de expertos identifica deficiencias en la formación impartida a los profesionales internos del sistema y exige a las autoridades españolas que refuercen la capacitación de todos aquellos que tratan con las víctimas y los agresores de violencia contra las mujeres. Este entrenamiento debería incluir un enfoque exhaustivo sobre las diversas formas de violencia y abordar las necesidades específicas de mujeres que pertenecen a grupos vulnerables.

GREVIO plantea que la formación debe ser obligatoria para profesionales del ámbito judicial, las fuerzas de seguridad, los servicios sociales, el sector sanitario y miembros del sistema educativo.

El informe también hace un llamado a las autoridades para asegurar que los jueces que se encargan de las causas relacionadas con derechos de custodia y visita reciban formación específica sobre el impacto negativo que tiene para los niños presenciar actos de violencia contra las mujeres, además de abordar la dinámica que subyace a la violencia doméstica.

Además, GREVIO muestra una preocupación especial por la situación de las mujeres migrantes y refugiadas, así como las mujeres con discapacidad y aquellas que habitan en áreas rurales, ya que estas poblaciones están desproporcionadamente representadas entre las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, piden un esfuerzo adicional para proporcionar a estas mujeres la protección y el apoyo que necesitan.

Por otra parte, el informe sugiere que se deben implementar más iniciativas para simplificar y unificar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de todas las modalidades de violencia contra la mujer. Esto es vital para asegurar que todas las víctimas accedan rápidamente a servicios de protección y apoyo, sin importar el tipo de violencia que hayan experimentado.

El informe también celebra el incremento en la tasa de condenas, que alcanzó aproximadamente el 80% en casos de violencia de pareja en 2023. Sin embargo, se manifiestan preocupaciones sobre el bajo número de sentencias en casos de violencia sexual.

Asimismo, se advierte que, a pesar de las reformas introducidas por la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual, las víctimas de violencia sexual continúan enfrentándose a una victimización secundaria en procedimientos judiciales. Esto se debe a la existencia de estereotipos en el poder judicial, la necesidad de presentar declaraciones repetidas y la falta de respeto hacia la privacidad de las víctimas en el proceso.

GREVIO subraya que se requieren esfuerzos adicionales para identificar y abordar los factores legislativos y procesales que contribuyen a este tipo de victimización en las investigaciones de violencia, así como para investigar los motivos que llevan al desestimiento de casos de violencia de género.

En otro aspecto, GREVIO apunta que la reciente fusión de delitos como agresión sexual y abuso sexual, acompañada de un incremento en las sanciones, ha resultado en una disminución del número de sentencias impugnadas contra delincuentes sexuales, lo cual es considerado lamentable.

No obstante, el informe sostiene que la plena implementación de la ley tiene el potencial de disminuir considerablemente la impunidad en casos de violencia sexual, ya que podría fomentar un mayor número de denuncias y facilitar investigaciones y juicios más efectivos.

Con respecto a situaciones de peligro inminente, el documento menciona que, según la normativa actual, las medidas de protección para mujeres víctimas y sus hijos pueden demorar hasta 72 horas en ser emitidas. GREVIO señala que este lapso es excesivo para considerarse una orden de alejamiento urgente según las estipulaciones internacionales.

Como consecuencia, GREVIO exige que se garanticen órdenes de alejamiento de emergencia que protejan la seguridad de las mujeres y de sus hijos, asegurando una respuesta más ágil en sus propios hogares. También resalta la necesidad de realizar un análisis profundo sobre las elevadas tasas de rechazo de solicitudes de órdenes de protección en diversas regiones del país.

Finalmente, GREVIO expresa su preocupación por el alarmante incremento de casos reportados de violaciones en grupo, que involucran a individuos tanto víctimas como perpetradores que suelen ser muy jóvenes. Asimismo, se hace eco de la influencia nociva de la pornografía violenta, que impacta en la conducta de hombres jóvenes que incurren en estos delitos en España y en otros lugares.