Este jueves, el Congreso ha tomado una decisión significativa al rechazar la propuesta de congelar las tasas aeroportuarias de Aena para el año 2026, así como exigir que Renfe recupere, por ley, las indemnizaciones que habían sido eliminadas por retrasos de 15 y 30 minutos en julio de 2024.

Ambas iniciativas, promovidas por el Partido Popular mediante enmiendas en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible, fueron objeto de una votación durante la sesión plenaria para determinar su inclusión en el documento que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La proposición para congelar las tasas de Aena no logró obtener el respaldo deseado; el PP solo contó con el apoyo de Vox, mientras que la coalición de gobierno formada por PSOE y Sumar, junto con Junts, ERC, Bildu y PNV, se opuso. El BNG, por otra parte, decidió abstenerse en la votación.

En contraste, la enmienda que busca recuperar las indemnizaciones por retrasos tuvo éxito, gracias al respaldo de Junts, ERC, Podemos y BNG, a pesar del rechazo de PSOE y Sumar.

El día estuvo marcado por la aprobación de otras catorce enmiendas del PP que fueron introducidas en el Senado, las cuales se incorporarán en la publicación final de la ley, reafirmando el papel activo del PP en este proceso legislativo.

Entre las enmiendas aprobadas, varias no contaron con el apoyo del gobierno, como la que elimina la revisión de etiquetas medioambientales por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otra que mantiene inalterados los actuales horarios, frecuencias y rutas de los autobuses estatales en áreas rurales.

El proyecto de ley que salió del Congreso inicialmente contemplaba la posibilidad de alterar paradas de autobuses en ciertas zonas, siempre y cuando no existieran alternativas de transporte. Sin embargo, esta ha sido reformulada para garantizar que "el Gobierno de España asegurará las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales". Además, se ha eliminado la disposición que indicaba que las paradas intermedias deberían situarse, generalmente, en las poblaciones más grandes del itinerario.

Una de las enmiendas que ha prosperado implica la creación de un Plan Nacional para descarbonizar el transporte marítimo, con la idea de reinvertir en el sector los ingresos procedentes del Sistema Europeo de Derechos de Emisión, buscando avanzar hacia una modernización de puertos y flotas, así como a la utilización de combustibles más limpios.

Asimismo, se han puesto en marcha medidas para un plan de acción en caso de incidencias ferroviarias, junto con un proyecto para fomentar la adquisición de vehículos de bajas emisiones y la eliminación gradual de vehículos antiguos.

Este plan extraordinario se desarrollará en dos etapas, enfocándose en solucionar a corto y medio plazo las problemáticas en el servicio de media y larga distancia, así como en los servicios de Cercanías. Se incluirá un cronograma y un desglose de costos para su implementación en el siguiente ejercicio presupuestario.

Además, la ley contempla un Plan Estatal para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios con menos de 30.000 habitantes, con el claro objetivo de facilitar la electrificación del transporte por carretera.

Una modificación también se ha realizado en la Ley del Sector Eléctrico para que las estaciones de recarga que no requieren declaración de utilidad pública no se vean sometidas a trámites excesivamente burocráticos.

Finalmente, dentro de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá presentar una estrategia para la financiación del transporte público y un real decreto relacionado con la alimentación de consumos a través de redes de transporte.

La ley también estipula que, a partir del 15 de noviembre y cada cuatro meses, se enviará un informe sobre los nudos de la red de transporte que permita cambios en su uso, lo que podría optimizar la eficiencia del servicio.

Además, se ha aprobado una medida que instará a las administraciones a implementar servicios de transporte flexibles en zonas rurales, adaptando estas ofertas a las características locales y garantizando su sostenibilidad mediante financiación pública.

Por otro lado, se ha tomado la decisión de implementar un descuento del 100% en los abonos de transporte y títulos multiviaje para el transporte público terrestre en Canarias y Baleares durante 2026.

Como cierre, el Congreso ha dado luz verde a una enmienda que facilitará la creación de un nuevo plan de convergencia para la movilidad, buscando abordar las desigualdades territoriales mediante inversiones y bonificaciones.