En un giro inesperado de los acontecimientos, el Congreso ha enviado una solicitud al Tribunal Supremo para que valide la prisión provisional del exministro José Luis Ábalos, un movimiento que podría llevar a la suspensión de sus derechos como diputado del Grupo Mixto, incluyendo su salario y la capacidad de voto.

En este sentido, la Presidencia del Congreso ha emitido un comunicado al Supremo solicitando la confirmación del ingreso en prisión del exministro y el correspondiente auto de procesamiento, lo que permitirá iniciar el proceso para la suspensión que establece el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.

Esta decisión ha surgido luego de que el juez Leopoldo Puente, responsable del 'caso Koldo', decidiera enviar a prisión a Ábalos y a su exasesor Koldo García sin derecho a fianza, debido al "extremo" riesgo de fuga ante la inminencia del juicio. Ambos están implicados en un escándalo relacionado con supuestos fraudes en contratos públicos de material sanitario, con penas que podrían alcanzar los 30 años de cárcel. Este hecho marca un hito, siendo la primera vez en la que un diputado en funciones es encarcelado.

Con esta acción, el Congreso activa un protocolo previamente establecido ante la posibilidad de encarcelamiento de un legislador. Según la normativa, se contempla que "los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios" cuando estén en prisión preventiva, aunque en este caso se aplica de manera automática debido a la naturaleza abreviada del proceso judicial.

El impacto de esta suspensión se traduce en la pérdida del salario que Ábalos percibe como diputado, así como en la imposibilidad de participar en las actividades parlamentarias y votar de manera telemática. Sin embargo, esta medida es temporal, y sus derechos le serán restituidos en el momento en que recupere la libertad.

A pesar de la suspensión, es importante señalar que no se despojará a Ábalos de su escaño, lo cual es considerado un procedimiento más severo que sólo se aplica tras una sentencia firme, como se evidenció en el caso de Alberto Rodríguez (Podemos) o en situaciones que involucren delitos graves según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ocurrió con Oriol Junqueras (ERC) y otros independentistas durante el proceso catalán.

En este marco, el hecho de que el número de diputados se reduzca a 349 plantea una serie de cuestiones sobre la necesidad de revisar las mayorías exigidas para las votaciones. Este tema será analizado por los asesores legales del Congreso, tomando en cuenta situaciones precedentales.

A pesar de que el número de diputados no cumple con el total de 350, las votaciones no se verán significativamente afectadas, sobre todo considerando que Junts ya ha manifestado su oposición a cualquier propuesta del Gobierno, lo que establece una mayoría absoluta junto al PP y Vox.

Incluso en el caso de votar sobre cuestiones que requieran mayorías reforzadas, la reducción a 349 diputados podría no alterar el panorama, ya que se seguiría exigiendo un mínimo de 176 votos, equivalente a la mayoría absoluta actual.