Este martes, el Pleno del Congreso tiene en agenda un debate crucial sobre una propuesta de ley presentada por el PSOE, la cual busca imponer a las empresas comercializadoras de electricidad y gas natural la obligación de incluir en sus sitios web, contratos y facturas información sobre entidades de resolución alternativa de litigios en cuestiones de consumo.

Es importante recordar que, a pesar de que estas compañías ya están obligadas a ofrecer a sus clientes la posibilidad de resolver disputas a través de entidades conocidas como ADR, la realidad es que la mayoría de la población no está consciente de su existencia y funcionamiento.

El Grupo Socialista ha manifestado su preocupación por este desconocimiento, aclamando que estas entidades ADR representan una puerta de acceso a la justicia. Según su perspectiva, esto es de vital importancia, dado que las reclamaciones suelen ser de montos reducidos y el procedimiento es simple, rápido y económico, lo que lo convierte en un recurso valioso para la protección del consumidor.

Adicionalmente, el PSOE ha recordado que en el año 2017 se llevó a cabo la transposición en España de una directiva europea que aseguraba que las empresas del sector eléctrico debían proporcionar la identificación completa de la entidad acreditada competente, lo que incluiría la dirección de su sitio web.

Conforme a esta directiva, la información debe presentarse de forma “clara, identificable, comprensible y mediante acceso fácil” en las páginas web, y también debe figurar en las condiciones generales de los contratos de compraventa o de prestación de servicios que ofrezcan al consumidor.

A esta iniciativa del PSOE se suma la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha resaltado la urgente necesidad de actualizar la legislación para especificar con más claridad la obligación informativa exigida por la normativa sectorial, armonizando así la información que debe incluirse en los sitios web, contratos y facturas relacionadas con la resolución alternativa de conflictos.

PROFUNDIDAD LEGAL EN LA REFORMA

Desde un punto de vista legal, la propuesta del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, implica una reforma de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998, relacionada con el sector de hidrocarburos. En ambos casos, la modificación busca esclarecer que la información sobre la resolución de litigios debe figurar en las "páginas web, contratos y facturas" junto con los datos de contacto de al menos una de estas entidades, cuyas decisiones serán vinculantes tanto para la comercializadora como para el consumidor.

Finalmente, la proposición de ley establece un plazo de tres meses para que las empresas comercializadoras cumplan con esta obligación de informar, lo que podría representar un cambio significativo en la forma en que estas entidades interactúan con los consumidores en el futuro.