Congreso aprueba reforma del Código Penal para endurecer penas contra la multirreincidencia.
En el día de hoy, el Congreso de España ha dado luz verde a una significativa reforma del Código Penal, cuyo objetivo es combatir la creciente problemática de la multirreincidencia delictiva. Esta iniciativa, originada por el grupo Junts, recibió el respaldo clave del PSOE, que decidió desbloquearla después de que los independentistas anunciaran su ruptura.
La reforma se remitirá al Boletín Oficial del Estado tras contar con el apoyo de varios partidos, entre ellos, el PSOE, el PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Por otro lado, ERC optó por la abstención, mientras que sus aliados de izquierda, como Bildu, Podemos, BNG y Compromís, se manifestaron en contra de la propuesta.
En su etapa en el Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, se aprobó una enmienda que modifica la Ley de Extranjería. Este cambio, acordado entre el PP, Vox y Junts, garantiza que los inmigrantes en proceso de regularización no posean antecedentes penales, ni procedimientos en curso que los vinculen a causas penales en España o en otros países.
Adicionalmente, también salió adelante una propuesta del PP que solicita al Gobierno aumentar en dos años el número de fiscales en las fiscalías de área, provinciales y comunitarias, con una tasa de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción mayor a 50.000.
El Ejecutivo podría haber enfrentado una votación desfavorable respecto a estas enmiendas, pero el gobierno de Moncloa decidió vetar su tramitación, argumentando que estas implicarían un incremento del gasto público. Esta decisión fue respaldada en la Mesa del Congreso por la mayoría que conforman PSOE y Sumar, quienes avalaron la actuación del Gobierno para detener el debate sobre propuestas que generen un aumento del gasto o disminuciones en los ingresos.
El Gobierno justificó su veto señalando que la enmienda relacionada con la Ley de Extranjería requeriría el despliegue de 400 nuevos funcionarios en las comisarías de irregularidad, con un coste estimado medio de 42.000 euros, lo que traduciría en un aumento presupuestario de 16.78 millones de euros. En cuanto a la enmienda sobre la ampliación de la plantilla de fiscales, el Ejecutivo argumentó que ello supondría la convocatoria de 491 plazas, generando un costo adicional estimado de 53.79 millones de euros.
Sin embargo, otras enmiendas sí fueron aprobadas, entre ellas dos que establecen penas de seis a 18 meses de prisión, o multas de uno a dos años, para aquellos que defrauden energía destinada al cultivo de marihuana. Otra modificación impone penas de tres a cinco años de cárcel por el delito conocido como 'petaqueo', relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
Asimismo, se aprobó una modificación que asegura que la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en lugar de los 20 días que había propuesto inicialmente el Congreso.
Durante las deliberaciones en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts también llegaron a acuerdos que establecen penas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, además de endurecer las sanciones para ciertas estafas. Por ejemplo, las penas para estafas de menos de 400 euros se incrementarán a un rango de entre uno y seis años de prisión para los multirreincidentes, aquellos que acumulen tres condenas por el mismo delito.