En Madrid, el 10 de enero, diversas confesiones religiosas han expresado su inquietud tras la reciente proposición de ley presentada por el PSOE que busca eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Este grupo incluye a la Iglesia católica, evangélicos, judíos, musulmanes, ortodoxos y anglicanos, quienes firmaron una declaración conjunta manifestando su "seria preocupación" por los planes de reforma integral del Código Penal que implicarían la derogación de este delito.

Fuentes consultadas por Europa Press han revelado que, a pesar de que las confesiones religiosas solicitaron al Gobierno mediante su declaración un "diálogo" sobre esta eventual derogación, no ha habido avances en la convocatoria de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Tampoco se ha registrado ningún intento de comunicación entre el Gobierno y las confesiones, lo que sugiere una falta de interés en mantener un canal de diálogo.

En el comunicado emitido en diciembre, las diferentes confesiones extendieron una invitación a los gobernantes para establecer un "diálogo respetuoso" no solo acerca de la propuesta de derogación, sino también sobre cualquier decisión que pudiera afectar a este derecho fundamental. Enfatizaron la importancia de hacerlo a través del mecanismo convencional de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Además, hicieron un llamado a los políticos de todos los partidos para que, actuando con sentido de responsabilidad, trabajen en la defensa de los derechos universales de los ciudadanos, que deben prevalecer por encima de intereses ideológicos. Enfatizaron la necesidad de proteger "en su integridad" el derecho fundamental a la libertad religiosa.

Las confesiones, aunque respetan el derecho a la libertad de expresión, también defienden el derecho de sus fieles a vivir su fe en un entorno que respete los sentimientos religiosos. Recalcaron que estos derechos están amparados por otros derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad de conciencia (art. 16) y el derecho a la dignidad e integridad moral (art. 15).

Desde la perspectiva de estas confesiones, todos estos derechos son fundamentales y no deben ser considerados en competencia, ya que tal enfoque podría poner en riesgo la armonía de las libertades y los derechos humanos esenciales en nuestras sociedades democráticas. Afirmaron que los poderes públicos tienen la responsabilidad de proteger estas libertades por el bien de todos, incluidas las minorías.

Por otra parte, advirtieron que la violación de la libertad religiosa a menudo conlleva la censura de la libertad de expresión. Asimismo, expresaron su preocupación ante la aceptación generalizada de insultos, estereotipos y burlas, que pueden dar lugar a actitudes más agresivas, incluyendo amenazas y ataques físicos contra personas creyentes y sus lugares de culto. Estos incidentes, según subrayaron, han ido en aumento en Europa.

Aparte de esta declaración, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, había calificado en septiembre como "preocupante" la intención del Gobierno de abolir el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Subrayó que esta medida resultaría inquietante considerando que la mayoría de los países de la UE protegen este derecho a la libertad religiosa.

El portavoz señaló que eliminar esta protección podría llevar a una falta de tutela sobre la libertad religiosa, algo alarmante, especialmente cuando se ha argumentado que dicha eliminación es necesaria para alinearse con los estándares de la UE. De acuerdo con García Magán, 21 de los 27 países de la UE han decidido proteger este derecho, lo que contradice la narrativa oficial sobre la adecuación a estándares europeos.

Además, recordó que el derecho a la libertad religiosa está consagrado como un derecho fundamental en la Constitución española, el cual cuenta con un "especial tutela". Hizo hincapié en que cualquier violación de este derecho podría someterse a revisión ante tribunales europeos, incluso si hubiera sido despenalizada a nivel nacional.