Los conductores de autobuses de diversas modalidades, tanto urbanas como interurbanas y estatales, se mantienen firmes en su decisión de continuar la huelga general que se lleva a cabo en toda España este jueves y viernes, 28 y 29 de noviembre. Este movimiento tiene como principal objetivo la reivindicación de la jubilación anticipada en el sector, con la imposición de servicios mínimos fijados en un 50% a nivel nacional. Sin embargo, las cifras varían notablemente en diferentes regiones, como en Cataluña, donde los mínimos se reducen a un 20%, o en Madrid, donde se establecen en un 45%.

Según la resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana respecto a los servicios mínimos, se establece que debe llevarse a cabo el 50% de las expediciones que actualmente cuentan con autorización. En los casos donde una ruta esté conformada por una sola expedición, esta se realizará en su totalidad, asegurando así un funcionamiento básico del servicio a pesar de la huelga.

Las principales compañías dedicadas al transporte de autobuses de largo recorrido tienen la responsabilidad de contactar con los pasajeros cuyos servicios hayan sido cancelados. A estos se les ofrecerá la posibilidad de cambiar su billete sin coste adicional, intentando mitigar el impacto de esta paralización en la movilidad de los ciudadanos.

Esta situación se presenta en el marco de una segunda jornada de protestas que se inscriben dentro de un calendario total de siete días de huelga convocados, tras la jornada celebrada el pasado 28 de octubre. Originalmente, se había programado también una fecha para el 11 de noviembre, la cual fue cancelada debido a las repercusiones de la DANA, una serie de fenómenos meteorológicos adversos.

El sindicato CCOO, que representa a más del 40% de los trabajadores del sector, respalda esta huelga, junto a CGT. Es importante subrayar que otros sindicatos como UGT y SLT se han retirado de la convocatoria, tras haber llegado a un acuerdo con las patronales Confebús, Anetra y Atuc. Este acuerdo contempla la solicitud de jubilación anticipada a las administraciones, pero solo después de que un real decreto entre en vigor.

Desde la perspectiva de CCOO, el compromiso alcanzado no es suficiente. Argumentan que la fecha planteada para la aprobación del real decreto queda vinculada a su posible implementación, que se prevé para febrero, aunque existen temores de que podría extenderse aún más en el tiempo. Además, el sindicato resalta que en otros sectores de transporte, como el de camiones, el compromiso fue solicitar la jubilación anticipada en un plazo mucho más corto, de tan solo 20 días.

Las discrepancias también se reflejan en cómo las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos han determinado los servicios mínimos en sus territorios. En Cataluña, por ejemplo, se han establecido mínimos del 40% en horas punta y del 20% en horarios normales, mientras que en Madrid, se han fijado el 80% para los servicios interurbanos en horas puntas y un 45% en períodos de menor demanda.

Por otro lado, en Cantabria se establecen los mínimos en un 30%, en Navarra en un 40% y en Gran Canaria en un 50%. Algunas ciudades también han definido sus propios límites: en Palma se consideran mínimos del 50%, en Pamplona del 60% en horas pico y un 40% en valle, y en Mérida también del 50%.

La actividad de huelga no se detiene aquí; tras estos dos días de protestas, se prevé que la huelga vuelva a activarse los días 5 y 9 de diciembre. Si para entonces no se logra un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, la huelga se llevará a cabo de manera indefinida a partir del 23 de diciembre, lo que generará incertidumbre en el sector del transporte.