En un contexto de creciente tensión en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lanzado una dura acusación contra las autoridades del país, señalándolas como responsables de implementar "prácticas de terrorismo". Según el organismo, estas acciones están diseñadas para "sembrar miedo y ejercer control sobre la población", una situación que se ha agudizado tras la reciente detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado, quien fue arrestada al finalizar una manifestación en las proximidades de Caracas, justo antes de la investidura presidencial de Nicolás Maduro.

En un comunicado oficial, la CIDH ha expresado su condena a estas "persistentes prácticas de terrorismo de Estado" en Venezuela, recordando que Machado es beneficiaria de medidas cautelares. Esta mención subraya la vulnerabilidad de las voces críticas hacia el régimen, en un clima donde la libertad de expresión parece estar constantemente amenazada.

Con su sede en Costa Rica, la comisión también ha denunciado el "continuo uso" de tácticas de terror por parte del gobierno venezolano, enfatizando su propósito de infundir pánico entre la ciudadanía justo antes de la toma de posesión del presidente Maduro por segunda vez. Esta situación ha llevado a la CIDH a ejercer presión sobre el régimen, instándole a poner fin de inmediato a la persecución contra opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

La nota emitida por la CIDH destaca la urgencia de liberar a todas las personas que han sido detenidas por motivos políticos, y señala un alarmante incremento en el número de "víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas" desde el comienzo de la semana. Entre estos detenidos se encuentran figuras como el excandidato presidencial Enrique Márquez y Rafael Tudares, quien es yerno del opositor Edmundo González. El gobierno los ha acusado de organizar una ceremonia alternativa de investidura, un evento que contrasta con la oficial que tendrá lugar en Caracas.

La CIDH define estas detenciones como parte de una nueva ola represiva en respuesta a las manifestaciones de la oposición, las cuales consideran ilegítimas y que desafían la autoridad del líder chavista. Este patrón de acoso ha levantado las alarmas tanto dentro como fuera de Venezuela, reflejando la desesperación del régimen ante cualquier forma de disidencia.

En la denuncia se menciona que las acciones de detención fueron llevadas a cabo por individuos encapuchados que operaban en vehículos sin placas, lo que añade un aire de impunidad y clandestinidad a estos actos. La falta de información por parte de las autoridades sobre los detenidos viola las obligaciones internacionales del país y despierta preocupación entre los familiares, quienes han estado buscando respuestas sin éxito.

Frente a esta situación crítica, la CIDH ha instado a las autoridades venezolanas a que informen sobre el paradero de los detenidos arbitrariamente, garantizando al mismo tiempo su vida e integridad personal. El organismo ha demandado que se cesen las represalias contra los manifestantes y que se permita a los medios de comunicación y a la ciudadanía llevar a cabo la documentación de los eventos sin restricciones de ningún tipo.