MADRID, 7 de enero. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido como CERMI, ha solicitado de manera urgente al Ministerio de Justicia que se acelere el proceso de tramitación para el desarrollo reglamentario de la figura del facilitador procesal. Esta petición refleja una preocupación compartida entre diversas organizaciones por la importancia de este rol en el apoyo a las personas con discapacidad.

Según lo expresado por el CERMI, la figura del facilitador procesal es fundamental para facilitar la asistencia a las personas con discapacidad en su interacción con el sistema judicial. Se resalta que este recurso es esencial para garantizar el derecho a la justicia de un colectivo que a menudo enfrenta barreras significativas en su acceso a la Administración de Justicia.

Además, el CERMI ha hecho hincapié en que el primer reconocimiento normativo de esta figura se produjo a través de la reforma del Derecho Civil español, siguiendo los lineamientos del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trata sobre la capacidad jurídica. Sin embargo, el CERMI subraya la necesidad de implementar un real decreto que establezca de manera precisa y detallada cómo debe articularse esta disposición en el ámbito estatal.

En este contexto, el CERMI ha elaborado, durante el año 2023, una propuesta para la regulación reglamentaria del facilitador judicial, que fue enviada a los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales. Este documento ha sido presentado como una posición representativa del sector social de la discapacidad, con el objetivo de proporcionar una base sólida que pueda inspirar la futura normativa relacionada con este tema crucial.

Desde el punto de vista del CERMI, es imperativo que el real decreto se apruebe sin más retrasos. Sin esta normativa, afirman, la figura del facilitador procesal no podrá integrarse correctamente en el sistema judicial español, lo que comprometería gravemente el derecho de acceso a la justicia que debe estar garantizado para todas las personas con discapacidad. Esta situación plantea un riesgo inaceptable frente a los derechos de un colectivo ya vulnerable en diversos aspectos de la vida cotidiana.