En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Gobierno español ha revelado datos que reflejan la atención a las víctimas de violencia de género y sexual. En total, se han otorgado 8.129 permisos de residencia a estas víctimas, mientras que en lo que va de 2025, se han expedido 6.491 más, según lo informado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La ministra Elma Saiz subraya la prioridad que el feminismo y la igualdad tienen en la agenda política actual. En un comunicado, enfatizó que la violencia de género es una de las manifestaciones más graves de desigualdad que deben ser erradicadas. "Una democracia sólida no puede tolerar que las mujeres pierdan la vida simplemente por su condición de ser mujeres", afirmó la ministra, reafirmando el compromiso del ministerio con las reivindicaciones del día.

En atención a esta problemática, el nuevo Reglamento de Extranjería ha sido diseñado para ser especialmente receptivo a las necesidades de las mujeres que migran para escapar de situaciones violentas y discriminatorias. El ministerio ha señalado que dicho reglamento facilita el proceso de acreditación como víctimas de violencia de género, mejorando el acceso a permisos de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Además, este nuevo reglamento promueve la reagrupación familiar, permitiendo que víctimas de violencia de género puedan incluir a sus hijos y a otros familiares en su solicitud. También se incluyen medidas especiales de protección para víctimas de violencia sexual, ampliando el alcance de las ayudas disponibles.

Por otro lado, el Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior, que se encuentra en fase de tramitación, tiene como objetivo proporcionar protección y apoyo a las mujeres españolas que enfrentan situaciones de violencia en el extranjero, incluyendo asesoramiento sobre los recursos disponibles en su lugar de residencia.

La seguridad social también está tomando medidas al implementar 156 puntos violeta en diversas localidades, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las mujeres puedan denunciar casos de violencia de género. La ministra recordó que 38 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, y desde 2003, la cifra asciende a 1.331, instando a la sociedad a actuar de manera decidida en este ámbito.

Además, se han establecido mecanismos de apoyo económico para las víctimas de delitos violentos, incluidos casos de violencia de género. Estas ayudas pueden ser solicitadas por víctimas directas e indirectas sin necesidad de demostrar precariedad económica si son víctimas de violencia de género o sexual.

El ministerio también ha destacado que el tiempo durante el cual una trabajadora se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género se considera periodo de cotización, lo que le permite acceder a jubilaciones anticipadas en casos de cese laboral debido a esta situación.

En caso de fallecimiento de la víctima, los hijos pueden beneficiarse de una pensión de orfandad superior en casos de falta de recursos económicos en el hogar, con incrementos en el porcentaje de pensión que pueden recibir.

Con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), también se han implementado ajustes que favorecen a las víctimas de violencia de género, eliminando requisitos de edad y tiempo de residencia para facilitar su acceso a esta ayuda, así como aumentando la cuantía destinada a familias monoparentales encabezadas por mujeres que han sufrido violencia de género.