En un nuevo movimiento político, Coalición Canaria (CC) ha instado al Gobierno español a reanudar las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La propuesta busca restaurar un acuerdo bilateral que permite el reconocimiento de los permisos de conducir venezolanos, el cual fue suspendido en 2021 debido a la falta de verificaciones por parte de las autoridades de Caracas.

La diputada Cristina Valido ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, instando al Ejecutivo a iniciar discusiones con el régimen venezolano. El objetivo es establecer un protocolo técnico que garantice la autenticidad de los permisos, lo que permitiría reactivar el Convenio de Canje firmado el 16 de mayo de 2005. Este convenio asegura que existan "mecanismos eficientes y seguros" para la verificación de documentos.

La iniciativa también propone la creación de una mesa de trabajo compuesta por diversos actores, incluyendo representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección General de Tráfico. Además, se quiere incluir a la Embajada venezolana en España así como a organizaciones de la sociedad civil que se especializan en migración y que representan a la comunidad venezolana en el país.

Entre las medidas planteadas, se sugiere la implementación de un programa piloto que permita el reconocimiento de permisos emitidos en formato de tarjeta plástica y anteriores a 2017. Este programa estaría limitado a aquellos que cuenten con la verificación adecuada por parte del consulado español en Venezuela y que demuestren que el titular ha residido legalmente en España antes de recibir el permiso, superando un examen teórico simplificado sobre las normativas españolas.

Además, Valido ha solicitado un informe exhaustivo en un plazo de seis meses que evalúe las repercusiones sociales, económicas y laborales de la suspensión del Convenio, así como las mejores prácticas de verificación aplicadas en otros acuerdos internacionales. Este informe también debería analizar la viabilidad técnica y legal de reactivar el acuerdo y las reformas necesarias en Venezuela para cumplir con los compromisos de 2005.

La diputada subraya la importancia de garantizar un trato equitativo, sugiriendo que cualquier medida extraordinaria de verificación aplicable a Venezuela se implemente de manera proporcional a otros convenios de canje, evitando cualquier tipo de discriminación nacional.

En su justificación, CC recordó que el Canje de Cartas de 2005 facilitó durante más de diez años el reconocimiento mutuo y el canje de permisos de conducir sin necesidad de exámenes adicionales, lo que resultó en una integración social y movilidad significativa para muchos venezolanos en España.

Sin embargo, la suspensión del acuerdo en marzo de 2021, en base a lo estipulado en la Convención de Viena de 1969, ha tenido "graves consecuencias" para más de 222.891 venezolanos con residencia legal en España y para numerosos españoles que han regresado, quienes se ven obligados a gastar entre 1.500 y 2.500 euros para obtener un nuevo permiso en España, lo que les limita en gran medida el acceso al mercado laboral, especialmente en áreas rurales y en sectores clave como transporte y atención domiciliar.