En Madrid, 2 de marzo. Un conjunto de 68 organizaciones, que abarca grupos sociales, políticos y sindicales, ha lanzado un fuerte llamado para que se elimine la enseñanza religiosa confesional en las aulas de forma urgente. Su objetivo es promover la creación de una escuela pública que sea completamente laica y aboga por la derogación de los acuerdos existentes con el Vaticano, mientras critican la falta de acción del Gobierno.

Esta petición se realizó a través de un manifiesto divulgado este lunes dentro de la campaña unitaria 2026, titulada 'Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela'.

Entre las entidades que respaldan esta iniciativa se encuentran Europa Laica, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), la Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza (STEs-i), así como Comisiones Obreras, Izquierda Unida y Podemos. Estas organizaciones exhortan a partidos políticos, al Ejecutivo, al Legislativo y a las autoridades educativas de las comunidades autónomas, así como a toda la comunidad educativa, para que se implemente completamente el principio de laicidad en el sistema educativo.

Las entidades involucradas en esta campaña argumentan que, en un mundo amenazado por la violación de derechos humanos y un aumento preocupante de discursos de odio, es imperativo contar con una educación pública, laica e inclusiva que fomente la convivencia pacífica, la justicia social y la libertad de conciencia en la sociedad.

Critican también el auge de partidos de derecha y la creciente influencia de la extrema derecha en diversos parlamentos y gobiernos autonómicos, lo que ha intensificado la mercantilización y privatización de la educación. Aseguran que esto se traduce en precarización de la enseñanza pública y en un apoyo desmedido hacia el sector privado, el cual, en gran medida, opera bajo la influencia de la Iglesia Católica.

Al mismo tiempo, señalan que en las escuelas públicas aún existen individuos designados por los obispos con la labor de impartir clases de religión, buscando cristianizar a la comunidad educativa e implantar creencias religiosas. Expresan su inquietud respecto a las alternativas educativas ofrecidas en diferentes comunidades a aquellos que no deseen cursar religión.

Las organizaciones advierten que esta situación provoca una doble injusticia: por un lado, fomenta la segregación por motivos económicos y sociales como resultado de políticas privatizadoras, y por otro, induce a la separación del alumnado en función de ideologías desde tan temprana edad como los tres años.

Critican también las medidas derogatorias impuestas por la extrema derecha y enfatizan que las imposiciones familiares o sociales relacionadas con la religión no deben restringir el derecho a la educación de los menores. Reiteran que la escuela debe proteger y apoyar a aquellos estudiantes que deciden no seguir normas impuestas por razones religiosas, respetando su libertad de conciencia.

Las organizaciones que han suscrito el manifiesto expresan su preocupación por la privatización y la influencia religiosa en el sistema educativo, afirmando que están decididas a luchar por la implementación de una enseñanza laica y pública frente a la creciente presión de la extrema derecha y la inacción de un gobierno que parece haber claudicado en su compromiso por una educación laica.

Demandan al Gobierno compromisos concretos que incluyan la eliminación inmediata de la religión confesional en el ámbito educativo, dejando de financiar el adoctrinamiento religioso con fondos públicos, apoyando la Red Pública de Enseñanza y comenzando el proceso de eliminación de los conciertos educativos, así como la derogación de los acuerdos con el Vaticano y otras confesiones que permitan la enseñanza religiosa en escuelas.

Sergio López, coordinador de la campaña, ha destacado que el número de estudiantes no inscritos en Religión ya supera el 57,15% en las escuelas públicas. Sin embargo, este porcentaje desciende dramáticamente a un 13,15% en los centros concertados, donde la mayoría son de ideología católica y donde las familias suelen enfrentarse a presiones a la hora de elegir la educación de sus hijos.

Las organizaciones en apoyo a la campaña advierten que las leyes educativas han perpetuado durante décadas los privilegios de la jerarquía católica, permitiendo la enseñanza de catequesis en horarios escolares, además de la amplificación de la educación privada subvencionada, que en los últimos años ha comenzado a extenderse a otras confesiones religiosas.

Asimismo, critican la sumisión de los gobiernos a los intereses de la jerarquía católica, afirmando que estos privilegios representan un gran obstáculo para que la educación pública cumpla con su rol fundamental en el sistema educativo.