En un reciente estudio realizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), se revela que más del 40% de las mujeres sordas ha enfrentado lo que se ha denominado "violencia lingüística" en el contexto de sus relaciones románticas. Esta alarmante cifra pone de manifiesto una problemática que ha estado oculta durante demasiado tiempo.

Adicionalmente, el informe destaca que el 43,5% de las participantes ha sido objeto de conductas degradantes relacionadas con su identidad como personas sordas. Un ejemplo de esto son las imposiciones que sufren, como la restricción de sus manos para impedirles comunicarse a través de la lengua de signos. También se señala que un 27,4% ha visto restringido su acceso a actividades dentro de la comunidad sorda a causa de la influencia de su pareja.

Alba Prado, especialista en Igualdad de Género de la CNSE, sostiene que la violencia lingüística y cultural debería ser reconocida como una forma específica de violencia de género que afecta de manera directa la dignidad, autonomía y bienestar emocional de las mujeres sordas. Este llamado a la atención acerca de un tema tan delicado es fundamental para lograr cambios en la percepción y el tratamiento del mismo.

De acuerdo con la investigación, el 58% de las mujeres sordas han abandonado trámites en el ámbito sanitario, educativo o administrativo debido a barreras comunicativas. Un asombroso 73% ha cuestionado su propia capacidad debido a su forma de comunicarse, mientras que el 66% ha enfrentado dificultades para acceder a intérpretes en momentos críticos.

"Sin la garantía de una accesibilidad lingüística adecuada, las instituciones no solo fallan en su deber, sino que además contribuyen a la perpetuación de la violencia", remarcó Alba Prado, resaltando la necesidad de un cambio estructural en aquellas entidades responsables.

En el sector judicial, la situación es igualmente preocupante. El 43,4% de las mujeres que denunciaron situaciones de violencia o agresiones sexuales indicó que no tuvo acceso a un intérprete o mediador durante todo el proceso judicial. Además, el 35,5% se vio obligada a compartir espacio con su agresor y un 32,2% expresó sentirse incomprendida por el personal encargado de su caso.

La experiencia de estas mujeres pone de relieve la evidente falta de adaptación del sistema a las necesidades comunicativas de la población sorda. Cristina López, colega experta en Igualdad de Género de la CNSE, enfatiza que estos relatos evidencian la necesidad urgente de replantear la forma en que se estructuran y gestionan los servicios, desde los cuerpos policiales hasta los juzgados y las áreas de atención social y sanitaria.