En Madrid, el 22 de noviembre, Cáritas Española ha presentado un inquietante informe sobre el impacto de la violencia machista en la vida de miles de mujeres durante el año 2023. La organización ha tenido el notable compromiso de acompañar a 3.667 mujeres que han sido víctimas de esta problemática, destacando que 2.994 de ellas se hallaban en contextos de prostitución, 800 en situaciones de explotación sexual, 275 mostrando señales de trata de personas, 590 sufriendo violencia de género en relaciones de pareja, y ocho más enfrentando otras formas de violencia.

El apoyo proporcionado a estas mujeres ha sido diverso y adaptado a sus distintas necesidades. Los programas de acogida y acompañamiento han incluido no solo la oferta de espacios seguros para ellas y sus hijos, sino también asistencia psicosocial, orientación legal, talleres para el desarrollo personal, así como ayuda económica en situaciones de especial vulnerabilidad. Además, Cáritas ha facilitado 16 pisos y casas de acogida, junto con 15 centros de día que funcionan bajo un régimen ambulatorio, buscando brindar un refugio seguro para las que más lo necesitan.

Dentro del grupo de mujeres en situación de prostitución, se reporta que 1.523 de las 2.994 atendidas fueron localizadas mediante visitas a lugares específicos de este ejercicio, que incluyen calles, asentamientos, pisos y clubes, mientras que las restantes 1.337 recibieron apoyo a través de centros de atención designados.

En el ámbito de la vivienda, un total de 54 mujeres que tienen hijos a su cargo fueron beneficiadas con recursos residenciales o con ayudas para el pago de alquileres. En áreas que carecen de alojamiento suficiente, Cáritas ha derivado a las mujeres a otras organizaciones, mostrando un trabajo coordinado que resultó en 69 derivaciones relacionadas con la vivienda.

Leticia Escutia, miembro del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española, ha hecho un llamado de atención sobre la alarmante tendencia en el incremento de mujeres en prostitución, especialmente en asentamientos chabolistas de inmigrantes, donde se presume la existencia de trata de personas. Muchas de estas mujeres, que llegaron a España con un contrato de trabajo, han optado por no regresar a su país tras finalizar su compromiso laboral, y han pasado de estar documentadas a encontrarse en una situación administrativa irregular.

Escutia ha añadido que algunas de estas mujeres están embarazadas y son controladas por individuos de su mismo país de origen, lo que aumenta su vulnerabilidad. Aquellas que residen en condiciones precarias enfrentan un mayor riesgo de agresiones, dado que se encuentran en áreas aisladas sin acceso a protección o atención médica adecuada.

De las 2.994 mujeres que recibieron acompañamiento en contextos de prostitución durante 2023, un 26% estaba siendo explotada sexualmente, es decir, 800 mujeres en total. En cuanto a la procedencia de estas mujeres, las que llegaron de Colombia (109) y Nigeria (69) continúan siendo las que presentan mayor cantidad de indicios de trata. Se ha observado un aumento significativo en el número de mujeres colombianas en situaciones de prostitución y trata en los últimos años, con la mayoría de ellas superando los 35 años de edad.

Escutia también ha resaltado las graves consecuencias que enfrentan las mujeres que viven estas realidades, que incluyen el aislamiento, un daño considerable a su autoestima, problemas de salud tanto físicos como mentales, y dificultades para reintegrarse laboralmente. Todo esto se traduce en una mayor dependencia económica, la cual restringe su capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas.

Cáritas, desde su rol en la incidencia política, ha instado a las administraciones públicas, políticos, agentes sociales y a la comunidad en general a tomar conciencia de esta grave situación social. En sus recomendaciones políticas presentadas en junio de 2023, la organización exige a los grupos parlamentarios adoptar medidas para la protección efectiva de las víctimas de violencia machista.

Asimismo, se ha solicitado una estandarización de los criterios a nivel estatal y una flexibilización en los procesos de acreditación como víctimas, asegurando así que todas las mujeres que padecen de violencia machista puedan acceder a sus derechos, sin importar su situación territorial o administrativa.

Raquel Benito, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, ha manifestado que la normativa estatal presenta un concepto muy restringido de lo que se considera violencia machista, lo que limita efectivamente su alcance y protección. A nivel autonómico, las diferencias en la conceptualización y en los procesos de acreditación también generan disparidades en el acceso a derechos fundamentales, como la vivienda y la atención social.