En un reciente encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió que se anticipa la llegada de 20.000 inmigrantes al archipiélago para finales de este año. Clavijo instó al Gobierno central a asumir su rol en la atención de los menores extranjeros no acompañados que buscan asilo, subrayando la necesidad de brindarles un trato "con cierta dignidad".

El mandatario canario expresó que aunque las organizaciones no gubernamentales pueden proporcionar estimaciones sobre la cantidad de migrantes que podrían llegar, es complicado predecir con precisión los números. Reconoció que muchos migrantes no se registran, lo que hace aún más incierto el panorama para los próximos meses de 2025.

Durante su intervención en un foro organizado por El Mundo, Clavijo destacó que el Gobierno de España ha hecho énfasis en la disminución de las llegadas de migrantes, pero recordó que el año pasado se alcanzó un récord histórico con 47.000 arribos, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta el archipiélago.

Hasta la fecha, alrededor de 13.000 migrantes han llegado a las costas de Canarias, y se estima que en los próximos tres meses podrían sumarse unos 7.000 más. Esta situación pone una gran presión sobre los servicios públicos, incluyendo los cuerpos de seguridad y los servicios sociales y sanitarios, lo que justifica la insistencia del presidente en que el Gobierno español debe actuar con responsabilidad.

El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, también hizo hincapié en la importancia de desplegar Frontex en Canarias, de la misma manera que se hace en otras partes de Europa, asegurando que esto es esencial para la seguridad no solo del archipiélago, sino también de España y de la Unión Europea.

Clavijo, al abordar la situación de los menores solicitantes de asilo en Canarias, criticó al Gobierno de España por no demostrar interés en trasladar a estos niños, a pesar de las afirmaciones del ministro Ángel Víctor Torres sobre la legalidad de su permanencia en las islas.

El presidente consideró que el uso del fenómeno migratorio por parte del Gobierno español podría resultar en una "crispación política", y recordó que la legislación establece que la protección de estos menores es competencia exclusiva del Estado, haciendo hincapié en el daño irreversible que sufren por el hacinamiento que padecen en las instalaciones actuales.

Domínguez también tocó el tema de la acogida de menores extranjeros no acompañados tras los cambios en la Ley de Extranjería, reconociendo el compromiso de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de cumplir con la normativa, aunque expresaron su descontento al respecto.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno de España parece estar más interesado en esperar a que estos menores cumplan 18 años, eliminando así su obligación de atención. Esto generaría una preocupación adicional sobre cómo manejar la situación en el futuro.

Por último, el vicepresidente manifestó que la financiación para la acogida de menores no acompañados representa un aspecto crucial para las comunidades autónomas. Si bien existe un decreto que obliga a estas regiones a acoger a los menores, la falta de recursos económicos que respalden esta normativa es una problemática significativa.

Domínguez reveló que Canarias ha destinado 192 millones de euros en 2024, mientras que solo ha recibido 50 millones, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para asegurar los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones hacia las comunidades autónomas en este ámbito.