Bustinduy y Rego proponen subsidio universal infantil: "La pobreza infantil no debe ser nuestra norma"
En una reciente declaración desde Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han realizado un contundente llamado a la atención respecto a las alarmantes tasas de pobreza en España, especialmente entre la población infantil. Ambos han calificado de "inaceptables" las cifras que indican que uno de cada tres niños y niñas se encuentra en situación de pobreza, y han propuesto la implementación de una Prestación Universal por Crianza.
“No podemos aceptar que uno de cada tres niños viva en condiciones de pobreza”, afirmó Bustinduy este jueves durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, un proyecto que fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. En este evento, la ministra Rego también tomó la palabra, evidenciando la urgencia de abordar este crítico problema social.
El plan presentado por el Gobierno establece una hoja de ruta para erradicar la pobreza en España en los próximos años. Bustinduy ha subrayado que la pobreza representa “el principal desafío político y social de este país”, lamentando que los índices de riesgo de pobreza y exclusión social actuales son “inasumibles e inaceptables”.
Las cifras son alarmantes: en 2023, el índice de pobreza se situaba cinco puntos por encima de la media europea, alcanzando un 26,5% en España frente a un 21,3% en el resto de Europa. Además, la situación de pobreza infantil es aún más grave, con un porcentaje que asciende al 34,5%, casi diez puntos más que la media europea del 24,8%.
Es en este contexto que Bustinduy defiende la necesidad de establecer una Prestación Universal por Crianza, una propuesta que actualmente se encuentra en fase de negociación en los Presupuestos Generales del Estado. Esta medida, según el ministro, sería un paso fundamental para ayudar a las familias que se enfrentan a esta difícil situación económica.
Además, Bustinduy ha destacado la importancia de realizar intervenciones en el mercado de la vivienda para asegurar un acceso equitativo y digno a la misma. Se trata de un componente significativo en el plan, que busca responder a las necesidades más urgentes de la población afectada.
Por su parte, Sira Rego ha expresado su acuerdo con Bustinduy, enfatizando que “no se pueden seguir aceptando situaciones como la de una niña que llega a clase sin haber desayunado, o una familia que tiene que decidir entre encender el horno para calentarse o comprar comida”. Su discurso refleja la necesidad de no normalizar estas realidades a las que se enfrentan muchas familias en España.
En este complicado clima político marcado por la polarización, la ministra ha instado a la implementación de "medidas ambiciosas y transformadoras" que realmente puedan marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. La estrategia presentada incluye un total de 54 líneas de actuación que serán desarrolladas a través de un plan operativo que será revisado anualmente por el Ministerio de Derechos Sociales junto a otros ministerios involucrados.
Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, ha detallado que este plan estará estructurado en torno a cuatro retos estratégicos esenciales. El primero de ellos busca garantizar recursos para la ciudadanía mediante políticas que aseguren ingresos mínimos, el apoyo a la vivienda digna, medidas contra la pobreza energética y la erradicación del sinhogarismo.
Asimismo, se contempla la revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) con el fin de aumentar las ayudas y el número de beneficiarios de estas prestaciones sociales. Este primer reto es solo el inicio de un ambicioso plan que espera transformar verdaderamente la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión.
El segundo reto establecido se centra en “la inversión social en las personas”, que busca proporcionar igualdad de oportunidades y transformar las situaciones de vulnerabilidad. En el ámbito educativo, se propone la creación de nuevas plazas en educación infantil y garantizar la gratuidad del primer ciclo para las familias, mientras que en el ámbito laboral se pretende fomentar la contratación de personas con dificultades para acceder al empleo y promover medidas contra la discriminación laboral.
El tercer eje estratégico está destinado al reforzamiento del estado de bienestar y la protección social, donde se prevé la creación de una red de protección que asegure los derechos sociales y facilite la conciliación entre la vida laboral y familiar, poniendo especial énfasis en las necesidades de las mujeres. También se incorporan medidas específicas para familias con miembros con discapacidad y el acceso a servicios esenciales como comedores escolares, atención infantil temprana y salud mental.
Adicionalmente, esta estrategia tiene como objetivo fomentar el desarrollo de alianzas y la coordinación entre diferentes niveles de gestión para maximizar la eficiencia y eficacia de las políticas. Esto implicará una cooperación territorial efectiva y la participación activa de todos los actores en la evaluación y diseño de programas que busquen erradicar la pobreza.
En el evento, también tomaron la palabra destacados representantes de organizaciones sociales. Gema Gallardo, directora de Provivienda, indicó que actualmente “5,5 millones de hogares en España se encuentran en situación de exclusión residencial”, una realidad que demandaría una respuesta inmediata y contundente. Por su parte, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, subrayó que “870.000 niños y niñas en España se encuentran en carencia material severa”, urgió a que la Prestación Universal por Crianza se convierta en una “realidad a corto plazo”.
Finalmente, Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, expresó la necesidad de que la estrategia sea aún más ambiciosa, a pesar de considerarla un "paso gigantesco". También denunció la situación de los menores migrantes solos en Canarias, haciendo un llamado a las comunidades autónomas para asumir sus responsabilidades en este ámbito.”
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