Bustinduy asegura que el Congreso aprobará la extensión de alquileres: "No hay lugar para votar en contra".

El titular del Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó con firmeza su expectativa sobre la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, que busca regular el alquiler en el contexto del conflicto en Irán. Bustinduy afirmó que es crucial que los parlamentarios no se atrevan a votar en contra, ya que la opinión pública, cada vez más activa, estará observando este proceso con atención.

El ministro no dudó en advertir a las formaciones de centro-derecha que cualquier intento por desestabilizar este decreto les traería consecuencias políticas adversas. En sus declaraciones, subrayó que el respaldo popular podría transformar esta situación ante el Congreso en una prueba de fuerza en la que no podrán salir airosos.

Durante una visita a Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, acompañando a Antonio Maíllo, el coordinador de Izquierda Unida, Bustinduy argumentó que hay razones de peso que justifican su confianza en que la norma será respaldada. En su opinión, la clave reside en la capacidad de diálogo y negociación con diversos actores políticos, siempre priorizando el bienestar general de la población.

Además, el ministro destacó el creciente activismo social, citando la movilización de grupos como los sindicatos de inquilinos, que están llevando a cabo campañas para informar y asesorar a los arrendatarios, así como la colaboración de bufetes legales que ofrecen asistencia gratuita. Según Bustinduy, este apoyo se extiende más allá de una ideología política, abarcando un amplio espectro de la sociedad.

El ministro enfatizó que la preocupación por la inseguridad en el alquiler abarca a personas de diversas orientaciones políticas; la amenaza de ser desalojados cuando expiren sus contratos es una realidad que comparten tanto de izquierda como de derecha. El impacto del decreto podría beneficiar a cerca de tres millones de personas en toda España, lo que refuerza la necesidad de su aprobación.

En una exhortación directa a aquellos inquilinos cuyos contratos están próximos a vencer, Bustinduy afirmó que la prórroga ya está activa y les instó a que la soliciten para evitar incrementos en el alquiler. Propuso que envíen un burofax a sus propietarios, destacando que este proceso es completamente legal y que su concesión es obligatoria.

Antes de abordar las preguntas sobre la convalidación del decreto-ley, Bustinduy dirigió su atención al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, instándolo a influir en el Grupo Popular del Congreso para que respalde esta medida, especialmente considerando que una parte significativa de los beneficiarios reside en Andalucía.

El ministro advirtió que si la norma no se aprueba, muchos se enfrentarán a aumentos de renta significativos o incluso a la pérdida de su hogar. En este sentido, retó retóricamente a Moreno a contactar con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para garantizar que su grupo no se oponga a la normativa.

En su análisis sobre la situación en Andalucía, Bustinduy subrayó que en ciudades como Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz, sería difícil para la oposición justificar a sus electores un rechazo a una ley que permitiría a las familias mantenerse en sus hogares, cumpliendo con sus obligaciones de alquiler.

Finalmente, Bustinduy concluyó que votar en contra de esta norma sería alinearse con aquellos que ven la vivienda como un instrumento de especulación, contribuyendo así a la transformación de los barrios en zonas de turistas y ganancias, en lugar de garantizar un refugio digno para los ciudadanos.