• sbado 24 de septiembre del 2022
728 x 90

Bruselas ve "prioritario" actualizar el CGPJ y pide una reforma "justo después" del procedimiento de decisión

img

La Comisión Europea ha sobre aviso nuevamente este miércoles a España de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras que ha demandado que "justo después" de semejante renovación se comience la reforma que deje que los próximos nombramientos de este órgano de gobierno lo efectúen los propios jueces, on-line con los estándares de europa.

Así consta en la lista de sugerencias concretas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación de forma anual del Estado de derecho en el grupo de los Estados integrante, un examen que busca contribuir a los países a remarcar su orden democrático y que, por vez primera, incluye sugerencias concretas para cada uno.

Con estas sugerencias, Bruselas confía en "animar" a los Estados integrante a asumir las actualizaciones primordiales en sus propios sistemas y empujarlos a detectar "dónde es requisito prosperar", más allá de que hablamos de advertencias no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a investigar fueron tenidas presente en el próximo informe de forma anual.

"Deseamos contribuir a centrar el enfrentamiento y respaldar a los Estados integrante en sus sacrificios de reformas, proseguimos en el espíritu precautorio de este ejercicio", indicó la vicepresidenta social para Estado de derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para enseñar los desenlaces y matizar que este diagnóstico no supone medidas ni sanciones por la parte de Bruselas.

Bruselas ten en cuenta que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde ese momento, "todavía es una preocupación" para los servicios comunitarios, que han llamado reiteradamente a cambiar el sistema de nombramientos a fin de que la menos media parta de los vocales sean seleccionados por los propios jueces.

El Ejecutivo comunitario hace suyos los criterios del Consejo de Europa, organismo extraño a la UE, en el momento en que evoca los "estándares de europa" a fin de que "no menos de media parta de los integrantes sean seleccionados por sus pares".

En la situacion de España, aparte del inconveniente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo comunitario regresa a poner el foco del mismo modo en la preocupación con la que mira la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno, más allá de que comprueba que se han adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre los dos.

Sobre este punto, la recomendación social apunta la necesidad de "remarcar" la independencia del Fiscal General y desvincular la duración de su orden con en comparación con intérvalo de tiempo de legislatura del Gobierno, on line con los estándares de europa sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.

En todo caso, el informe sobre la situación en España apunta que prosigue habiendo "adelantos" en la calidad del sistema judicial español y nombra ejemplos como medidas para hacer más simple el ingreso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa.

También cree que la digitalización de la justicia va por buen sendero y el Estado integrante está "abordado las deficiencias" detectadas y apunta que prosigue estando pendiente actualizaciones en temas de elementos para el poder judicial o la duración de los métodos.

PLURALISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el chato de la independencia de prensa y el pluralismo mediático, la Comisión emplaza al Gobierno a asegurar que la autoridad regulatoria para contenidos audiovisuales en España, o sea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disponga de los "elementos precisos" para remarcar sus operaciones de supervisión y control.

Asimismo sugiere "trabajar par remarcar el ingreso a la información, particularmente por medio de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales", según recopila el informe concreto de España firmado por el Ejecutivo comunitario.

Otras cuestiones que resalta la evaluación del sistema español es la necesidad de hacer un registro obligación de 'lobistas' y la de "afrontar los desafíos" que suponen la extendida duración de las indagaciones y enjuiciamientos en las situaciones de corrupción "de prominente nivel", de los que Bruselas ve con preocupación que prosiguen un desarrollo "retardado y complejo".