En un desarrollo significativo en el ámbito digital, Meta, la multinacional dirigida por Mark Zuckerberg, anunció recientemente el cierre de su programa de verificación de datos. Este movimiento coincide con un cambio hacia la implementación de notas de comunidad, similar a lo que se observa en la plataforma X, también conocida como Twitter.

En respuesta a esta noticia, la Comisión Europea ha rechazado categóricamente las insinuaciones de que la nueva legislación europea sobre Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) esté ejerciendo presión sobre las grandes plataformas para que eliminen contenidos que, aunque legales, podrían ser considerados problemáticos. Mark Zuckerberg, en su declaración, manifestó su preocupación por lo que considera un enfoque excesivo de la Unión Europea en la regulación del contenido.

La portavoz principal de la Comisión, Paula Pinho, defendió en una conferencia de prensa la postura del nuevo Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen. Pinho desestimó las acusaciones de censura, refiriéndose a los cambios anticipados por Meta y al reciente escándalo en torno a Elon Musk, quien ha sido objeto de críticas de Francia por sus propuestas que afectan las políticas en Europa.

La Comisión Europea ha declarado que está observando de cerca las adaptaciones que Meta implementará en sus redes sociales, tales como Facebook e Instagram. Sin embargo, reafirmaron que no se pronunciarán sobre situaciones que ocurren en terceros países, dado que la DSA solo tiene dominio dentro de la Unión Europea.

Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica, se pronunció con firmeza respecto a las obligaciones que enfrentan las empresas operando en la comunidad. Subrayó que deben cumplir con la legislación europea y que, incluso si actúan fuera de la UE, sus acciones pueden tener consecuencias en los procesos democráticos y en la seguridad dentro del bloque.

Además, Regnier destacó la importancia de mantener un "alto nivel de estándares éticos y profesionales" para garantizar la independencia en la verificación de contenidos online, un aspecto crucial bajo la normativa comunitaria.

Conforme a la DSA, se exige a las plataformas que implementen medidas para abordar riesgos sistémicos, como la desinformación o la promoción de narrativas específicas, y que proporcionen evaluaciones de riesgo a Bruselas si mantienen ajustes en sus programas de mitigación.

"Hemos dejado en claro que no importa quién esté al mando en cualquier país, nuestra normativa sigue vigente y nos aseguraremos de que las empresas que operan en la UE respeten las reglas establecidas", afirmó Regnier.

En su defensa, Regnier subrayó que "nada en la DSA obliga, solicita o demanda a las plataformas retirar contenidos legales". La normativa impone, en cambio, la responsabilidad de actuar ante la eliminación de "contenidos ilegales" que sean reportados.

La legislación europea también exige que se implementen "medidas apropiadas de mitigación" para proteger a los menores de edad y salvaguardar la integridad de los procesos democráticos ante potenciales contenidos "dañinos".

En cuanto a la categorización de los contenidos ilegales, el portavoz enfatizó que esta no depende de la Unión Europea, sino que está determinada por la legislación nacional vigente y el derecho internacional.

Frente a las acusaciones de censura, el portavoz recordó a Meta que actualmente enfrenta un expediente abierto por Bruselas, resultado de su manejo del contenido político engañoso y la desinformación extranjera durante la campaña electoral anterior a las elecciones al Parlamento Europeo programadas para el 9 de junio de 2024.