• viernes 07 de octubre del 2022
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Bruselas desea implicarse en el diálogo entre Gobierno y PP para desbloquear la renovación del CGPJ

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El comisario de Justicia, Didier Reynders, espera poder "arrimar" situaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su visita a España los próximo 29 y 30 de septiembre, un viaje a lo largo del que se va a ver con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de actualizar el órgano de gobierno de los jueces y reformar el sistema para su designación.

"Tenemos la posibilidad de asimismo implicarnos en el diálogo, no únicamente soliciar que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas) sino más bien intentar acercarles. Ya lo hicimos y también procuraré llevarlo a cabo en esta visita", indicó el comisario a cronistas en Bruselas, a su llegada al Consejo de ministros de europa de Asuntos En general.

De esta manera, el político belga se ha referido al "doble papel" que puede desempeñar el Ejecutivo comunitario en oposición al bloqueo en el CGPJ no solo insistiendo sobre las sugerencias del último informe sobre Estado de derecho en el que Bruselas destacó la urgencia de la situación, sino más bien asimismo mediando entre las partes para "ordenar un diálogo".

"Procuramos ordenar un diálogo entre fuerzas políticas por el hecho de que el cambio del CGPJ precisa mayorías semejantes que necesita de la colaboración entre las primordiales fuerzas políticas", ha razonado Reynders, para quien es urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como la necesidad de emprender "muy de forma rápida" la reforma del sistema.

En todo caso, el comisario de Justicia ha amado dejar en claro que la situación en España "no es en lo más mínimo" comparable a la situación de otros Estados integrante en los que, como ha pasado con Polonia, Bruselas ha iniciado métodos mucho más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.

"En España

lo que procuramos es progresar la situación que existe, no es en lo más mínimo exactamente el mismo trámite", indicó Reynders siendo preguntado por la oportunidad de comenzar un expediente sancionador o encender el producto 7 de los Tratados como ahora hizo el Ejecutivo comunitario contra Polonia por los peligros sistémicos al Estado de derecho en ese país.

De este modo, el que fuera viceprimer ministro belga ha argumentado que a España "no se le recrimina ninguna novedosa legislación que fuera en la mala dirección", sino se apunta que hay reglas "que desde hace cierto tiempo no están en conformidad" con los estándares de europa.

En sus sugerencias a España, Bruselas hace suyos los criterios del Consejo de Europa --institución extraña a la UE-- por los que los nombramientos de los vocales en los órganos de gobierno de los jueces han de ser completados por sus pares para eludir que sean objeto de politización.

En este contexto, la Comisión Europea espera de España que prosiga las sugerencias de su informe de julio y acepte como "prioridad" la renovación del CGPJ para arrancar "justo después" la reforma del sistema de decisión, si bien Bruselas se da de período hasta la próxima evaluación de forma anual para ver si las autoridades prosiguen semejantes sugerencias.

Solo en el caso de que la situación "a lo largo de años no mejorara", ha concluido el comisario, el Ejecutivo comunitario "debería meditar en otros instrumentos" para apretar a España.

A falta de cerrar su agenda de un par de días en Madrid, Reynders tiene sosprechado reunirse con múltiples integrantes del Gobierno, entre ellos la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con el con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, conforme han informado fuentes del gobierno y del CGPJ.

Aparte de esta cuestión, el comisario transporta en su agenda emprender con las autoridades la utilización del programa de espionaje 'Pegasus', programa en teoría empleado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en diferentes Estados integrante se creó una