• viernes 07 de octubre del 2022
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Bruselas desea cerrar el mercado de la UE a artículos fabricados en condiciones de esclavitud

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BRUSELAS, 14 Sep.

La Comisión Europea propuso este miércoles cerrar el mercado de la Unión Europea a toda mercancía en cuyo desarrollo de producción se hayan impuesto condiciones de esclavitud o trabajos forzosos, un veto que Bruselas desea utilizar tanto a las importaciones de otros países como a los productos producidos en suelo comunitario para el consumo interior o designado a exportación.

Los servicios comunitarios insisten en el valor de una prohibición "extendida", sin poner el foco en campos o países como China con estándares mucho más bajos, pues aguardan de este modo tener un alcance mayor, en un contexto en el que unos 27,6 miles de individuos en el mundo entero trabajan sin derechos, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Esta iniciativa va a marcar una diferencia real en la pelea contra la esclavitud actualizada", ha señalado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y responsable de Comercio, Vladis Dombrovskis, para después recalcar que el veto afectará "a modelos nacionales, exportaciones y también importaciones por igual".

Serán las autoridades nacionales y las aduanas las causantes de utilizar el sistema y controlar que no llegan al mercado común este género de modelos, ni que son exportados a países terceros desde la UE, según explicó Dombrovskis, que ha garantizado que se "minimizará" la carga burocrática para las compañías y se va a tener presente la situación de las pyme.

Bruselas prevé un control en 2 fases por las autoridades nacionales que incluye evaluaciones de peligro en una época preliminar para valorar las opciones de que ciertas producciones sean producidas con mano de obra explotada, por servirnos de un ejemplo mediante bases de datos sobre peligro de trabajos forzosos según género de producción o área geográfica.

De este modo, las autoridades eficientes van a poder comenzar indagaciones serias sobre un producto preciso si tiene "supones fundadas" de que surgen del trabajo obligatorio, un análisis para el que van a poder soliciar información a las compañías y asimismo hacer inspecciones aun en países de fuera de la UE.

En en el caso de que se confirmen prácticas desmesuradas con los trabajadores, las autoridades nacionales van a poder organizar la retirada del producto y prohibir que sea comercializado tanto en la UE como fuera de ella. Los operadores van a deber asumir los costos de la retirada del producto, una condición que la Comisión espera ayuda de medida disuasiva a fin de que las compañías cumplan las novedosas reglas.

Además, si las autoridades no tienen la posibilidad de llegar a un análisis concluyente gracias a la carencia de cooperación de la compañía investigada o de las autoridades de un país tercero van a poder del mismo modo tomar una resolución sobre el producto basado en los datos que sí estén libres.