En el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, expuso la defensa del nuevo Real Decreto ley dirigido a ofrecer ayudas por la dana de 2024. Este proyecto ha sido criticado por el Partido Popular (PP), que considera que su implementación fue tardía y desconectada de la realidad, así como por Vox, que lo tacha de oportunista. La coalición Compromís también se unió a las críticas, afirmando que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias requeridas para la reconstrucción.

Bolaños hizo hincapié en que hoy no se debía hablar de la figura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, sino del futuro de la Comunidad Valenciana, sugiriendo que votar es una forma de cerrar un capítulo y rechazar un gobierno "reaccionario" liderado por la ultraderecha.

El ministro explicó que el nuevo Real Decreto busca simplificar los procedimientos para acceder a las ayudas, mientras prolonga y mejora la protección otorgada a empresas y autónomos, al mismo tiempo que apoya a las entidades locales. Este reglamento incluye la creación de nuevos préstamos ICO-PRTR, que ofrecéran tramos no reembolsables y un tipo de interés bonificado. Con un presupuesto inicial de 750 millones de euros, se destinarán 180 millones a pequeñas y medianas empresas.

Este decreto también contempla garantías estatales para estructurar la reconstrucción en las áreas afectadas, con un monto que puede alcanzar los 5.000 millones de euros hasta 2040. Asimismo, se extiende hasta 2026 el plazo para que las empresas beneficiarias del plan PERTE naval instalen sus operaciones, y realiza ajustes necesarios para el PERTEVEC, relacionado con vehículos eléctricos.

En el campo del apoyo a los autónomos, el decreto destina 300 millones al programa Reinicia Plus FEPIME-DANA y extiende el acceso a prestaciones por cese de actividad, facilitando pagos a la Seguridad Social con un interés reducido de 0,5% para aquellos que hayan sufrido consecuencias directas de la dana.

El sector cultural también se beneficia del nuevo marco, con ayudas disponibles para el proyecto Salvem les Fotos y otras entidades, además de 60 millones para iniciativas de resiliencia en municipios vulnerables a inundaciones. Las solicitudes para el plan Reinicia Auto Plus se podrán presentar hasta junio de 2026.

Macarena Montesinos, diputada del PP, manifestó que su partido apoyará el decreto, aunque lamentó que llegue con un año de retraso y en un momento poco propicio, aludiendo a la falta de infraestructuras necesarias para proteger a la comunidad de futuras inundaciones y criticando la ausencia de sistemas de alerta temprana en la zona del Júcar.

Montesinos destacó la labor de la Generalitat Valenciana en la gestión de ayudas a más de 31.000 hogares, en contraste con las meras 8.300 enviadas por el Gobierno. Subrayó que, mientras las autoridades autonómicas ingresaban sin complicaciones a los afectados, el Gobierno imponía trámites excesivos y requisitos difíciles de cumplir.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro calificó el nuevo decreto como oportunista y continuista, criticando la falta de ayudas directas y la predominancia de avales y aplazamientos en lugar de soluciones rápidas. Además, denunciaron que no se hayan promovido obras hidráulicas necesarias para prevenir futuras eventualidades, mientras se priorizaban proyectos ambientales de poco valor práctico.

El diputado además enfatizó que las ayudas destinadas al sector cultural parecen estar más alineadas con intereses políticos que con una respuesta real a las necesidades de las zonas afectadas, y que su partido exigirá responsabilidad política al presidente Sánchez.

Por otro lado, Alejandro Soler, del PSOE, justificó las acciones del Gobierno en Valencia, criticando que en las Cortes Valencianas se intenten perpetuar políticas que contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Subrayó que la solución a estas crisis no solo requiere inversión de infraestructura, sino liderazgo político adecuado.

Nahuel González, de Sumar, justificó su respaldo al decreto mencionando su enfoque en la recuperación y prevención de futuros desastres. No obstante, observó que el PP intenta presentar un nuevo enfoque mientras Vox marca el compás político.

Agueda Micó, diputada de Compromís, lamentó la falta de recursos y visionarios para enfrentar la reconstrucción de la Comunidad y la diputada de Podemos, Martina Velarde, cuestionó la limitación del aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social a solo tres meses y la ausencia de medidas como el control de alquileres en la región.

Idoia Sagastizabal, del EAJ-PNV, consideró el Real Decreto necesario, aunque subrayó la necesidad de ampliar la cobertura para que las ayudas lleguen a quienes realmente las requieren, expresando que el proceso de tramitación ha sido demasiado lento.

Mikel Otero, de EH Bildu, opinó que el nuevo decreto intenta abordar fallas en la reconstrucción y se comprometió a trabajar para que se conozca la verdad en la gestión de la dana. Teresa Jordà, de ERC, abogó por la adecuación del marco legislativo a la inminente amenaza climática, solicitando que se aceleren las ayudas directas para las zonas impactadas.