En el contexto de la reciente DANA que ha afectado a importantes áreas de España, se estima que un total de 120.000 vehículos han sufrido daños, de los cuales un 15% pertenecen a concesionarios. Esta situación ha desatado una serie de reacciones en el sector automotriz, particularmente por parte de la presidenta de la Asociación de Concesionarios Oficiales en España, Faconauto, Marta Blázquez.

Blázquez ha expresado su satisfacción con el plan de renovación del parque automovilístico, que está respaldado por una fuerte inversión de 465 millones de euros. Esta medida será discutida este jueves en el Consejo de Ministros, y representa una respuesta económica significativa a los estragos causados por la DANA, lo cual es motivo de optimismo en la industria.

La presidenta de Faconauto subrayó su deseo de que los afectados recuperen rápidamente sus opciones de movilidad. En declaraciones a Europa Press, mencionó el plan de ayudas directas de 10.000 euros que se destinarán a la compra de un vehículo. Estas ayudas serán complementarias a las indemnizaciones que ya está ofreciendo el Consorcio de Compensación de Seguros.

Un aspecto relevante de este plan es que los vehículos que se beneficien de estas ayudas no necesitan ser nuevos. Además, se incluirán de manera retroactiva aquellos vehículos adquiridos desde el 29 de octubre. “Luchamos intensamente para que fueran aceptadas todas las tecnologías”, aseguró Blázquez, quien también indicó que más del 60% de los coches dañados en Valencia tenían más de diez años de antigüedad.

En relación al impacto que este plan pueda tener en los concesionarios de la región, Blázquez admitió que esa preocupación no fue un tema central durante las negociaciones con el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y otras asociaciones como Anfac y Facoauto. Esto, a pesar de la incertidumbre que enfrentan muchos de estos negocios después de la catástrofe.

Respecto a la situación de los 40 concesionarios que han sido severamente afectados por la DANA, la presidenta reveló que estos están haciendo todo lo posible por reabrir sus puertas. Sin embargo, se mostró cautelosa, ya que actualmente desconoce si podrán acceder a las ayudas gubernamentales destinadas a particulares y pequeñas y medianas empresas. Esto es preocupante, dado que muchos de ellos contabilizan ingresos por encima de los 6 millones de euros, lo que complica su clasificación como pequeñas empresas según la normativa vigente.

Blázquez destacó que, según la definición de pymes, existen ciertas limitaciones que les impiden beneficiarse de medidas como las moratorias de pagos o los créditos blandos. Además, se refirió a las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, explicando que se aplica una franquicia del 7%. Esto significa que el ente público cubrirá el 93% de las pérdidas, mientras que los concesionarios deben asumir el resto de los costos de forma directa.

Con todo, Blázquez espera que se encuentre una solución adecuada que evite el cierre de empresas en este complicado panorama. Su compromiso con el sector resalta la importancia no solo de la recuperación financiera, sino también de salvaguardar los negocios que representan un pilar en la economía española.