El 15 de noviembre, en Madrid, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, hizo declaraciones firmes al rechazar cualquier tipo de "concesiones" hacia la población civil de Gaza hasta que todos los rehenes que fueron secuestrados hace más de un año durante los asaltos realizados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas sean liberados. Su postura se mantiene firme en el contexto del conflicto en curso, donde la seguridad de los ciudadanos israelíes es primordial.

Ben Gvir subrayó: "Mientras tengamos rehenes en Gaza, no debemos hacer concesiones, ni siquiera a la población civil". Este enfoque ha suscitado controversia, especialmente tras su crítica hacia lo que él considera una "mala decisión" del gobierno en relación con la reciente entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Declaró, según reportes de medios israelíes, que él era el único miembro del gobierno que votó en contra de estas medidas de ayuda.

Además, el ministro se refirió a las declaraciones de la fiscal general del país, Gali Baharav Miara, quien esta semana exhortó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a considerar la destitución de Ben Gvir, al acusarlo de "interferir de manera ilegítima" en las operaciones de las fuerzas de seguridad. En una respuesta contundente, Ben Gvir mencionó que evalúa la posibilidad de solicitar la destitución de la fiscal, afirmando: "será ella o yo".

El ministro de Seguridad ha manifestado su preocupación por las palabras de Baharav Miara, considerándolas un "intento de golpe de Estado". En sus intervenciones, dejó claro que se avecina un ultimátum para el primer ministro, señalando: "Nos estamos acercando al momento en el que no tendré más opción que lanzar un ultimátum a Netanyahu sobre este asunto. Solo uno de nosotros puede quedar en su puesto, y ella se tendría que haber ido hace ya tiempo".

En el corazón de esta controversia, Baharav Miara indicó que Ben Gvir podría haber sobrepasado el marco de la ley al inmiscuirse en las operaciones de la Policía, lo que podría haber violado decisiones y órdenes del Tribunal Supremo. La fiscal denunció que el ministro parece estar utilizando su autoridad de manera inapropiada para influir en los nombramientos y la duración del mandato de ciertos oficiales, lo que, según ella, constituiría una intervención ilegítima en los asuntos de seguridad nacional.