• viernes 07 de octubre del 2022
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Belarra solicita financiar el abono transporte general a diez euros a costa del impuesto increíble a las eléctricas

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MADRID, 16 Jun.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha insistido en su iniciativa de un abono de transporte general a diez euros y propuso financiarlo "a costa del impuesto extraordinadio a las compañías energéticas".

"Nos encontramos negociando en el seno del Gobierno la ampliación y fortalecimiento de ese escudo popular y espero tener un retroalimentación positivo en los próximos días a ciertas proposiciones como el abono transporte general a diez euros que, desde mi criterio, sería muy positivo que pudiéramos financiar a costa de ese impuesto increíble a las compañías energéticas que el año pasado cuadruplicaron sus provecho", ha subrayado Belarra.

Así lo indicó este jueves en su comparecencia frente a la Comisión de Derechos Sociales, para argumentar las medidas adoptadas y previstas por su departamento en el contexto de la administración de la crisis causada por el COVID-19.

Según Belarra, este abono de transportes a diez euros dejaría "prosperar la situación de la gente que llegan con muchas adversidades a final de mes; prosperar la situación de la gente que no tienen la posibilidad de posibilitarse el valor de hoy de los carburantes y, en medio de una ola de calor en el mes de junio, combatir de forma mucho más eficiente contra la crisis climática".

Unidas Podemos ha redoblado la presión en los últimos días para integrar un impuesto increíble a las eléctricas en la prórroga del decreto anticrisis, una medida que propuso en el momento en que se negoció el decreto a fines de marzo.

Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, respondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "es imposible" hacer un impuesto para las eléctricas mediante los Presupuestos Generales del Estado pues no lo deja la Constitución, con lo que ha defendido la necesidad de "legislar con carácter inmediato" para arrancar esta medida. Ayer demandó "accionar ahora" y no aguardar.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales ahora remitió en el Ejecutivo sus proposiciones para agrandar las medidas de protección popular, que contempla la creación de un fondo de 560 millones para financiar ese abono por mes al transporte público de diez euros. En su aparato piensan preciso integrar mucho más acciones frente el presente contexto inflacionista.

A su vez, aboga por prolongar la cobertura del bono popular eléctrico ampliando el umbral de renta a 40.000 euros para llegar a un par de millones de adjudicatarios, la prohibición estructural de cortes de recursos energéticos y subir inmediatamente las pensiones no contributivas un 15%, a fin de que esta revalorización de estas posibilidades llegue a sus adjudicatarios el mes próximo de julio.

Por otro lado, en el espacio confederal ven ineludible emprender este año una reforma fiscal en hondura que introduzca mayor progresividad al sistema, basado en subir la tributación de enormes compañías y rentas para financiar el coste de las actuaciones sociales.

Prueba de esto fué el impulso de múltiples ideas parlamentarias en el Congreso en esta materia, como la última proposición de ley para articular un impuesto a enormes fortunas que no fue compuesto por el PSOE.

Durante su intervención este jueves frente a la Comisión de Derechos Sociales en el Senado, Belarra hizo una ojeada por todos y cada uno de los departamentos de su ministerio y dijo que, si los Presupuestos Generales del Estado de estos 2 últimos años fueron los del escudo popular, los de frenar la pandemia y los de la restauración, los PGE de 2023 deben ser los del "respaldo definitivo a las familias".

En preciso, en temas de Dependencia, la ministra ha señalado que el sistema de Atención a la Dependencia está atendiendo en 2022 a 177.186 personas mucho más que en el año 2021, "un número muy efectiva" que revela, a su juicio, que "pese al notable incremento de solicitantes --70.000 personas en el último año y medio--", van "adelantado con paso estable". En todo caso, ha precisado que "mientras que haya solo una persona en una lista de espera" no estará satisfecha.

La ministra asimismo ha defendido la apuesta de su Ministerio por efectuar "una transformación profunda del sistema de cuidados" y

el Acuerdo para mudar el modelo de viviendas que negocian con las comunidades autónomas y seguir hacia uno "considerablemente más humano" y "de cercanía".

"Estoy persuadida de que da lo mismo lo que haya votado el ciudadano o la red social autónoma donde viva, va a estar en concordancia en que el modelo al que hemos tendido las últimas décadas de viviendas masificadas no es óptimo para una atención de calidad para los mayores", ha precisado, agregando que las medidas proposiciones en este acuerdo --que se simulen a un hogar, que haya un trabajador por cada 2 habitantes o que se supriman las sujeciones-- son "cuestiones de los pies en el suelo".

En materia de niñez, Belarra ha asegurado que se marcha a esforzar por proseguir desplegando la ley de niñez y ha señalado que en el próximo curso escolar ahora va a estar "de forma plena operativa" las figura del coordinador de confort en los institutos, para resguardar a los menores en frente de la crueldad.

También ha apuntado que trabajan en un protocolo de detección de ocasiones de crueldad en centros residenciales que prevén que esté listo en otoño.

Por otro lado, ha repasado los trabajos de su Ministerio para terminar con la pobreza infantil, con 983 millones de euros en compromiso; para resguardar a los menores extranjeros que llegan solos a España y a esos pequeños y pequeñas que escapan de la guerra en Ucrania; para combatir contra el antigitanismo, y para respaldar a la juventud o a la gente mayores.

Igualmente, se ha referido a la ley de variedad familiar que desea llevar al Consejo de Ministros el mes próximo de septiembre y ha señalado ciertas medidas que incluirá como la renta por crianza universal de cien euros por mes; un permiso de 7 días por año para cuidar a hijos o familiares enfermos o prolongar a 6 meses el permiso de paternidad y maternidad.

También puso en valor los trabajos de su departamento por la "disponibilidad" para la gente con discapacidad, por realizar los objetivos de la Agenda 2030 o por los derechos de los animales.