No se espera que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asista a la citación programada para este lunes, a medida que las acusaciones analizan la posibilidad de solicitar su imputación.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a Gómez para las 17:30 horas con el fin de informarle de que, de ser juzgada, lo será a través de un jurado popular por varios delitos en los que está bajo investigación, incluidos el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, además de la malversación inicialmente discutida.

Esta es la sexta vez que la señora Gómez es convocada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En sus primeras dos comparecencias, eligió no declarar; en las siguientes, se limitó a responder preguntas de su abogado.

En su última comparecencia, celebrada el 27 de septiembre, Gómez decidió ausentarse y fue representada por su abogado, el exministro socialdemócrata Antonio Camacho. En esa ocasión, el juez le comunicó que, en caso de ser juzgada por el cargo de malversación relacionado con la contratación de su asesora en Moncloa, sería mediante un jurado popular.

Los abogados defensores han argumentado que esta citación es similar a la anterior, lo que sugiere que la esposa del presidente también podría optar por no asistir, según informan fuentes cercanas.

Adicionalmente, se anticipa que las defensas solicitarán el archivo del caso, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, pedirán la realización de nuevas diligencias. En este contexto, se plantea la posibilidad de que se pida la imputación del presidente Pedro Sánchez, lo que requeriría que Peinado presentara la solicitud al Tribunal Supremo.

La fundamentación del juez se centra en que las acciones de Gómez, derivadas de su relación familiar con Sánchez, pueden ser clave para establecer la existencia del delito de tráfico de influencias, entre otros.

El caso comenzó en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una denuncia que alegaba que Gómez había aprovechado su posición como esposa del presidente para recomendar a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.

Las denuncias apuntan a que Gómez ha estado involucrada en casos de corrupción y tráfico de influencias, lo que podría llevar a que toda la causa sea juzgada por un jurado popular.

Desde que se abrió la investigación, nuevas pruebas han surgido, incluidas acusaciones presentadas por Vox sobre posibles irregularidades en la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez estaba co-dirigiendo. Se incluyen acusaciones de apropiación indebida de marca e intrusismo.

A principios de octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid apoyó la decisión de Peinado de continuar con la investigación relacionada con contratos adjudicados a Barrabés, aunque no todos los interrogantes han sido resueltos con claridad por el momento.

A pesar de la presión, Gómez ha intentado distanciarse de las acusaciones, afirmando que las cartas de recomendación que firmó son un procedimiento común en el ámbito de las contrataciones públicas y no favorecían directamente a Barrabés.

Gómez también ha argumentado que no ha cometido ningún delito al registrar un logo o al inscribir un dominio de internet, afirmando que no tuvo intención de lucrarse y que su papel en la cátedra era no remunerado.

Por otro lado, su defensa sostiene que no se puede considerar a Gómez como funcionaria pública en lo que respecta a las acusaciones de malversación, argumentando que su relación marital con el presidente no le confiere autoridad oficial ni la incluye en la esfera pública de decisiones administrativas.

Además, se plantea que es común que los empleados realicen gestiones personales durante su horario laboral y que esto no debería ser considerado un delito de malversación, lo cual se ha defendido en las últimas audiencias.

Finalmente, los intercambios de correos electrónicos entre la asesora de Moncloa y la UCM no demuestran necesariamente una gestión exclusiva por parte de Gómez, asegurando que su implicación eran más bien administrativas que gerenciales.