Begoña Gómez impugna decisión del juez Peinado de llevar el caso a un jurado, acusándolo de basarse en "simple especulación".

En un nuevo giro en la saga judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, su equipo legal ha decidido apelar la decisión del juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado ha propuesto llevar su caso ante un jurado popular, un paso que, según Gómez, se basa únicamente en "meras conjeturas". La investigación se centra en sospechas de tráfico de influencias, malversación y otros delitos relacionados con su actividad profesional.

Según documentos obtenidos por Europa Press, la defensa de Gómez argumenta que el auto emitido por el juez el 20 de marzo contiene afirmaciones "falaces" y carece de pruebas sólidas que respalden las alegaciones en su contra. En este dictamen, se estableció que varios implicados, incluida Gómez, su asesora, y un empresario, serían citados para el 1 de abril, con el propósito de informarles sobre la resolución del caso.

La defensa enfatiza que la única conclusión que se puede extraer de estas actuaciones es que su cliente está siendo investigada exclusivamente por su relación con el presidente del Gobierno. Además, critican lo que consideran una "redacción confusa" por parte del juez Peinado, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso.

El abogado de Gómez sostiene que los argumentos presentados por el juez se limitan a "una mera reiteración de conjeturas". Para que una causa sea remitida a un jurado popular, es fundamental que el juez justifique su decisión de manera contundente, cosa que, según su análisis, no ha hecho el magistrado.

Asimismo, el letrado subraya que la falta de una justificación adecuada puede tener repercusiones serias en el derecho a un juicio imparcial. Señala que, dado lo mediático que se ha vuelto el asunto, llevar el caso a un tribunal popular podría dar lugar a "juicios paralelos" alimentados por la cobertura continua de los medios y la opinión pública.

Cabe mencionar que en febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ya había intervenido para frenar la intención de Peinado de llevar el caso a un jurado popular, aceptando un recurso presentado por la defensa. En su decisión, los magistrados argumentaron que no existían "indicios racionales de criminalidad" que sustentaran una medida tan drástica.