La defensa de Begoña Gómez ha interpuesto un recurso en contra de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigarla por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, argumentando que se basa en especulaciones ajenas a la causa. La controversia se centra en el salario que Gómez habría recibido por dirigir la cátedra 'Transformación Social Competitiva' en la Universidad Complutense de Madrid.

El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que los hechos en cuestión ya han sido descartados por la Audiencia Provincial de Madrid y por informes de la Guardia Civil, por lo que considera que la investigación carece de fundamento. Asimismo, argumenta que las diligencias solicitadas por el instructor no tienen relación con el caso y están basadas en intereses ajenos a la causa.

Camacho acusa al juez Peinado de llevar a cabo una investigación prospectiva y de no encontrar irregularidades en los hechos bajo escrutinio. En su recurso, enfatiza que se están violando las garantías procesales y el respeto a la Constitución, y pide que se detenga la investigación basada en suposiciones infundadas.

El juez Peinado solicitó a la Universidad Complutense información detallada sobre los pagos a Begoña Gómez por su trabajo en la cátedra, así como el número de alumnos matriculados y cualquier otra documentación relevante. También requirió a otras entidades relacionadas con la cátedra que aportaran información pertinente para la investigación.

En otra instancia, el juez citó como testigo a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE) para que comparezca en octubre. La defensa de Gómez se ha manifestado en contra de estas medidas y ha instado al juzgado a respetar los principios legales y procesales en todo momento.