• jueves 08 de diciembre del 2022
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Bandrés, el magistrado que defendió la inmersión lingüística en Cataluña y ha propuesto la "descentralización" del CGPJ

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El ámbito progresista del CGPJ apunta al en este momento magistrado del Supremo como su candidato para el Constitucional

MADRID, 3 Nov.

José Manuel Bandrés, el magistrado del Tribunal Supremo que el ámbito progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apunta como su candidato para el Tribunal Constitucional, defendió la inmersión lingüística en Cataluña en el momento en que en la década de los 80 pasó por la Audiencia Territorial de Barcelona y ha propuesto en 2001 la "descentralización" del órgano de gobierno de los jueces.

Este jueves, Bandrés ha acaparado sucesos una vez que los vocales progresistas del CGPJ le plantearan como su candidato para ocupar entre los 2 asientos que el Consejo debe designar para el Tribunal Constitucional. Tras una asamblea conmemorada esta tarde entre los negociadores progresistas y conservadores del Consejo, está pensado que los dos campos se reúnan nuevamente en un par de semanas para estudiar los nombres que plantearán en consenso.

Bandrés va a ser examinado por los vocales del CGPJ 11 años una vez que él mismo se presentase --avalado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)-- a las selecciones para ocupar una silla en el órgano de gobierno de los jueces.

En aquella ocasión, el magistrado --que aún ejercitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-- ha propuesto que el Consejo General del Poder Judicial debía "fomentar la descentralización del gobierno de la Justicia", dando a los presidentes de los Tribunales Superiores y a las Salas de Gobierno "competencias ejecutivas, y de coordinación y de concertación de las políticas requeridas para prestar con eficacia el servicio público constitucional de la Administración de Justicia".

Para Bandrés, el CGPJ debía contribuir a "democratizar" la Justicia en el sentido de que los ciudadanos sintiesen la acción protectora y "pacificadora" de los jueces al solucionar enfrentamientos. Con su candidatura, el magistrado aspiraba a impulsar lo que llamaba la "comunitarización" de la Justicia, a fin de que el Derecho fuera cercano a la vida diaria de los ciudadanos y se percibiese a la Administración judicial como "próxima, cálida, amable y transparente".

Años después, logró pública una iniciativa sobre el CGPJ frente a la crisis --a su juicio-- de gobernanza y seguridad en la Justicia. Según recopila el sitio web de JJpD, fomentó una reforma constitucional con "antídotos" como achicar el Consejo a 12 vocales, dividir su presidencia de la del Tribunal Supremo, integrarlo "quizá" con el Consejo Fiscal o prohibir la proximidad a la política.

Antes de presentarse al CGPJ y antes asimismo de llegar al Supremo, Bandrés pasó por la Audiencia Territorial de Barcelona. Allí firmó entre las que incluye entre sus sentencias memorables, "la que dio luz verde a la inmersión lingüística", según ha dicho en una entrevista concedida en 2011 a 'La Vanguardia'.

Al respecto de ese fallo, aseguró que "hasta el momento la doctrina era que los instructores solo tenían la obligación de comprender español". "Pero ahora le afirmaba que, frente todo, somos garantes de los derechos de todos y debíamos proteger el de los institucionales a controlar ámbas lenguas de su país", añadió.

En este contexto, el magistrado dio su opinión en relación al encontronazo que tuvo la citada resolución: "Modestamente, pienso que la sentencia contribuyó a la loable convivencia en la variedad de Cataluña".

Al instante de esa entrevista, Bandrés llevaba, como él mismo explicó, ocho años en el Supremo y 5.000 sentencias como magistrado. "Y me quedan 15 de ejercicio. Y me alegro, por el hecho de que impartir justicia es balsámico para la sociedad y para este magistrado", reconoció.

Durante su paso por la Audiencia Territorial de Barcelona, Bandrés asimismo resaltó por un voto especial que firmó en 1986. En aquella ocasión, informó de que la actuación del expresidente del Govern Jordi Pujol adelante de Banca Catalana merecía una "sanción penal".

El magistrado redactó un voto especial para dejar perseverancia de su oposición a la resolución del Pleno de no procesar a Pujol por supuestos delitos continuados de falsedad reportaje y de apropiación incorrecta realizados a lo largo de su administración como directivo de Banca Catalana.

La Audiencia Territorial de Barcelona adujo que no había "rastros racionales de criminalidad" suficientes para mandar a juicio al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. Bandrés, no obstante, aseguró que la Fiscalía había expuesto en su escrito de acusación "formas de proceder dignas de opresión penal" que, si bien no se recogían en el Código Penal entonces vigente, sí atentaban "dificultosamente" al "desenvolvimiento regular del orden público social y económico".

El en este momento magistrado del Supremo puso de ejemplo el Código de Sociedades francés, que sancionaba este género de formas de proceder con multas y penas de cárcel de hasta cinco años, y la Ley de Sociedades Anónimas de la República Federal Alemana, que las castigaba con penas de hasta tres años de prisión.

Así las cosas, Bandrés señaló en su voto especial que el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona --"en labras de beneficiar los principios de legalidad y seguridad jurídica"-- debía "haber expuesto al Gobierno de la nación" las distintas causas que le asistían para estimar que los hechos que la Fiscalía atribuía a Pujol eran "dignas de sanción penal".

Además de manifestarse en sus resoluciones sobre la inmersión lingüística, Bandrés se pronunció públicamente sobre el derecho de autodeterminación y el ordenamiento constitucional.

En 1997, dejó claro en una charla en Barcelona que "la Constitución no reconoce el derecho de secesión de las distintas nacionalidades y zonas que tienen dentro el Estado", por el hecho de que la Carta Magna "se basa en la indisoluble unidad de la acción de españa".

En el marco de su intervención en el seminario 'El desarrollo de autodeterminación de los pueblos coloniales', el magistrado incidió en que la Constitución "tiene dentro un trámite de reforma que permite a las comunidades autónomas expresar su intención de separación del Estado por medio de un desarrollo complejo".

Con todo, Bandrés puso de relieve que ese "mismo desarrollo tiene límites, pues es imposible escindir el derecho a la libre determinación de los pueblos del derecho del ciudadano al disfrute de la democracia". Ese derecho, a su juicio, "no puede ser ejercitado lícitamente para imponer un gobierno despótico".

En este contexto, el juez puso de ejemplo la por entonces "reciente experiencia de Yugoslavia", que a su juicio probó "las graves secuelas contra la raza humana que hace la disociación de estos derechos". Especialmente, añadió, en el momento en que "ciertas élites se apoderan inmerecidamente y arbitrariamente de la titularidad del derecho".

"El derecho a la libre determinación solo puede ser ejercido lícitamente sin recurrir a la crueldad, sin recurrir por fuerza. El derecho a la libre determinación de los pueblos es inescindible del derecho a la paz, por el hecho de que no puede jamás consolidarse en la exigencia del sacrificio de vidas humanas", mantuvo en su charla.