Aumento récord de muertes en centros de inmigrantes en EE.UU. bajo la Administración Trump
Desde la segunda investidura de Donald Trump, la mortalidad en los centros de inmigrantes en Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes en casi veinte años. En el período comprendido entre enero de 2025 y junio de 2026, se registraron 52 fallecimientos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con una tasa de mortalidad que casi duplica la máxima registrada durante la pandemia de COVID-19. La cifra de muertes mexicanas en ese período es especialmente significativa, con un total de 16, la más alta entre las nacionalidades reportadas.
Este incremento coincide con un aumento del 77% en las detenciones realizadas por el ICE en ese mismo período, llegando a superar las 60.000 personas detenidas, con planes para ampliarlas aún más. La gestión de dichas detenciones ha sido objeto de críticas por la escasa supervisión interna y los fallos en la atención médica, agravados por condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en varias instalaciones. La falta de atención adecuada y las condiciones insalubres parecen estar vinculadas a las muertes reportadas, muchas de ellas en centros que registraban poblaciones superiores a su capacidad en los momentos previos a los decesos.
El informe también señala la vulnerabilidad de las personas detenidas, muchas de ellas de origen mexicano, con casos documentados que evidencian negligencias médicas y condiciones que contribuyen a la mortalidad. La administración Trump ha mantenido una política migratoria más estricta, con un aumento en la capacidad de detención y una reducción en los mecanismos de supervisión y control. Esto ha generado un entorno en el que las deficiencias en la atención sanitaria y la gestión de las instalaciones se reflejan en un incremento alarmante de mortalidad.
El contexto político en Estados Unidos ha influido en la gestión de la inmigración, con decisiones que priorizan la expansión de la capacidad de detención y la reducción de recursos destinados a la supervisión y protección de los derechos humanos. La tendencia apunta a una continuidad en la política restrictiva, con posibles repercusiones en la salud y bienestar de las personas migrantes en custodia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado la situación, demandando mayor transparencia y mejoras en las condiciones de los centros.
Mirando hacia el futuro, la situación plantea interrogantes sobre el impacto de las políticas migratorias en los derechos humanos y la salud pública. La tendencia a la expansión de la detención y la reducción de controles internos podría ampliar aún más las cifras de mortalidad. La comunidad internacional y las instituciones nacionales tendrán que afrontar estos desafíos, con posibles cambios en la regulación y en las prácticas de gestión en los centros de inmigrantes.