En un informe reciente presentado por el Gobierno español, se revela que hasta agosto de 2025 se han contabilizado 15,399 menores migrantes no acompañados en el país, lo que representa un aumento del 12% en comparación con diciembre de 2018. Esta información ha sido divulgada en respuesta a un cuestionario de Vox, donde se solicita un desglose de los datos relacionados con estos jóvenes que han ingresado de manera irregular al territorio español.

Según el Ejecutivo, en el Registro MENA, los menores no acompañados registrados hasta el 31 de diciembre de 2018 eran 13,796. Desde entonces, la cifra ha crecido notablemente, alcanzando ahora los 15,399 menores migrantes a finales de agosto de 2025. Este dato pone de manifiesto la creciente preocupación en torno al fenómeno migratorio que afecta a los jóvenes.

El Gobierno español, en su respuesta a Vox, destacó que el registro en cuestión se actualiza de forma regular, lo que implica constantes cambios en la cantidad de menores inscritos, dependiendo de múltiples factores. Esta dinámica hace que sea complicado determinar con precisión cuántos han dejado de ser considerados menores desde junio de 2018, lo que añade un nivel de complejidad a la situación actual.

Asimismo, el Ejecutivo recordó que la identificación y protección de estos menores está sujeta a un marco legal que incluye la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y otras normativas relacionadas con los derechos de los extranjeros en España. Recientemente, se aprobó un nuevo Real Decreto que determina medidas adicionales para responder a situaciones migratorias extraordinarias, asegurando una atención adecuada y coordinada entre las distintas comunidades autónomas.

El Gobierno también enfatiza su compromiso con el interés superior de los menores, así como con los principios de igualdad y no discriminación en la atención que se les brinda. Este enfoque busca garantizar que las necesidades específicas de los menores migrantes sean atendidas de forma integral.

En cuanto a las pruebas médicas destinadas a determinar la edad de estos jóvenes, el texto legal especifica que deben realizarse con el consentimiento informado de los afectados, respetando su dignidad y asegurando que no representen un riesgo para su salud. Se prohíbe estrictamente la realización de prácticas invasivas como desnudos integrales o exploraciones genitales.

Por otro lado, el Gobierno reafirma su compromiso con una política migratoria que prioriza la prevención, centrada en la cooperación internacional y la lucha contra las redes delictivas. Esta estrategia se alinea con un modelo de gestión migratoria integral que busca abordar la situación de manera efectiva según las nuevas directrices europeas.

Finalmente, acerca de la preocupación sobre el número de mayores de edad que han llegado a España desde junio de 2018 haciéndose pasar por menores, el Ejecutivo aclara que esta inquietud es infundada, ya que todas estas personas quedarían registradas como menores en el sistema.