Aumentan los casos de violencia de género en 2025, con más denuncias y órdenes de protección, en un contexto de debate político sobre las políticas de igualdad
En 2025, el número de mujeres víctimas de violencia de género en España alcanzó las 185.188, lo que representa un incremento del 0,7% respecto al año anterior, según datos del Observatorio del CGPJ. Durante ese periodo, se registraron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024, evidenciando una persistente problemática social que sigue siendo foco de atención en el escenario político. La mayoría de las denuncias fueron presentadas directamente por las víctimas, aunque la percepción de la confianza en las instituciones aún requiere fortalecimiento.
Este incremento ocurre en un contexto de tensiones en el ámbito político, donde las políticas públicas en materia de igualdad y protección de las víctimas continúan siendo objeto de debate. La discusión se centra en la eficacia de las medidas existentes, la asignación de recursos y la necesidad de ampliar los programas de sensibilización y apoyo, especialmente tras los recortes en algunas comunidades autónomas. La respuesta institucional, aunque reforzada, sigue siendo cuestionada por organizaciones sociales y partidos políticos que demandan mayor compromiso y recursos.
El análisis de los datos revela también que las órdenes de protección disminuyeron ligeramente en 2025, con 32.840 acordadas, un 1,22% menos que en 2024. Sin embargo, las sentencias condenatorias alcanzaron un 82,36%, lo que refleja la contundencia del sistema judicial en los casos en los que se logra acusar y condenar a los agresores. Además, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron casi 7.300 juicios por delitos leves, en un proceso que sigue siendo prioritario en la agenda judicial y política.
El contexto más amplio de estos datos revela que la lucha contra la violencia machista sigue siendo un reto en el marco de la política nacional, en medio de un escenario en el que las diferentes formaciones políticas mantienen posiciones divergentes respecto a las políticas de igualdad y protección. La ley de protección integral y las reformas en la legislación penal son temas de discusión recurrente, con propuestas para mejorar la coordinación entre instituciones y ampliar la protección de las víctimas.
En términos sociales, la persistencia de cifras elevadas y la percepción de que muchas víctimas aún permanecen en silencio evidencian la necesidad de fortalecer las campañas de sensibilización y la colaboración con el entorno cercano de las víctimas. La implicación de la sociedad civil, junto con una mayor inversión pública, resulta clave para reducir estas cifras y avanzar en la erradicación de la violencia de género en el país.