• viernes 07 de octubre del 2022
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Asociaciones de prensa de Perú critican el emprendimiento de ley que penaliza la difusión de información fiscal

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MADRID, 26 Jun.

Varias organizaciones expertos de prensa de Perú han manifestado su rechazo al emprendimiento de ley que prepara el Gobierno y que prevé penas de hasta 4 años de prisión por difusión de información fiscal.

Para la el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la medida "afectaría toda clase de indagaciones fiscales", lo que es "claramente inconstitucional" y ha señalado que el emprendimiento "correspondería mucho más bien a un intento de evitar que se informe sobre los varios encausados del régimen", según recopila la emisora RPP. Sin embargo, indicó que aguardará a tener el artículo definitivo del emprendimiento para pronunciarse con mayor precisión.

Por su parte, la Federación de Periodistas del Perú (FPP) expresó su rechazo "categórico" al emprendimiento de ley. "Rechazamos y condenamos este género de coartes y chantaje periodístico a quienes reportan con la realidad. Con este emprendimiento de ley, estaría perjudicando la tarea del periodismo de investigación, en la situacion de aprobarse en el Pleno del Legislativo", indicó.

Este emprendimiento de ley "busca sancionar hasta con 4 años de prisión eficaz", "reducir el periodismo de investigación y dejar a la realidad, principio básico de la prensa, catalogarlo como un delito penal y judicializarla en su mucho más expresión máxima".

"Además de esto, los hechos de corrupción del presente gobierno no se podrían salir a la luz, con esta idea legal, la que obstaculizaría el derecho a la información", ha apuntado.

Mientras, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha advertido de que "perjudica de forma directa la actividad periodística en el país". "En instantes en que en todo el conjunto de naciones la inclinación es transparentar al límite viable los procesos contra la administración pública y corrupción en la que estén comprometidos quienes ejercitan o han ejercido función pública, lo que ocurre en el país forma una franca regresión", indicó.

"La reserva de las fuentes fué fundamental para descubrir en las últimas décadas hechos de interés público. Pretender vulnerar el misterio profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ello, deploramos que Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen su papel garantista de derechos y libertades desnaturalizando su aptitud, propia o encargada, de legislar", ha remachado.

En tanto, desde el Colegio de Periodistas del Perú han expresado su rechazo a la idea, que supone "un peligro y amenaza latente contra la independencia de expresión".

"El emprendimiento del Ejecutivo, que bien puede ser calificado como una 'ley mordaza', vulnera no solamente la legislación nacional, (sino) asimismo colisiona con la filosofía y estándares de la Libertad de Expresión y el Estado de Derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú, tal como la Declaración de Chapultepec en el momento en que se establece el principio que no hay personas ni sociedades libres sin independencia de expresión y de prensa, destacando que el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo", indicó.

"Por tal fundamento, el Colegio de Periodistas del Perú repudia este emprendimiento de ley que solo busca legalizar el misterio y la intimidación en las situaciones mediáticos de corrupción que los medios, cronistas y comunicadores propagan en bien de la salud ética del país", ha concluido.

El jefe del Gabinete del Gobierno peruano, Aníbal Torres, anunció el viernes la presentación frente al Congreso del emprendimiento de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. La regla fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.

"Se ha aprobado un emprendimiento de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada en el momento en que se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva", explicó.