Este 20 de diciembre, la asesora del gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez, ha sido citada a comparecer ante el juez Peinado en calidad de testigo. Esta situación se produce en el contexto de la investigación relacionada con el denominado 'caso Koldo', un asunto que ha despertado un gran interés tanto en el ámbito político como mediático.

En un acto reciente en el Senado, Álvarez, quien estuvo involucrada en las gestiones para la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha decidido acogerse al "derecho a no declarar". Esto se debe a que las cuestiones por las cuales fue convocada se encuentran actualmente bajo proceso judicial, lo que complica su capacidad para responder a las preguntas que le formularan los miembros de la comisión de investigación.

Durante su intervención, Álvarez expresó su gratitud por la atención que su comparecencia había suscitado, destacando que su presencia en la comisión cumplía con una obligación constitucional. Sin embargo, dejó claro que no iba a responder a las preguntas planteadas, optando en su lugar por invocar su derecho a no declarar. Justificó su decisión argumentando que las cuestiones de interés en su testimonio estaban actualmente en manos de la justicia.

Este testimonio ante la Cámara Alta se produce un día después de que el juez Juan Carlos Peinado la convocara para el 20 de diciembre, en el marco de una causa que investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marcas e intrusismo en funciones.

En el sumario de la causa, se ha incluido un correo electrónico en el que Álvarez comunica a la aseguradora Reale el interés de Gómez por mantener el patrocinio de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ella dirige. Este hecho ha puesto de relieve la conexión entre la asesora y la actividad académica que rodea a la esposa del presidente.

Además, otros correos han salido a la luz mostrando que la asesora estuvo activa en distintas gestiones con la Universidad Complutense respecto a la cátedra de Gómez, lo cual ha suscitado preguntas sobre la ética y la legalidad de sus acciones. Begoña Gómez, por su parte, ha presentado al juez ciertos correos que demuestran la implicación de Álvarez en esas gestiones, evidenciando la utilización de tanto una cuenta personal como una dirección oficial del Gobierno, donde firma como directora de programas en la Secretaría General de Presidencia.