Armengol y Torres niegan haber dado órdenes para compras de mascarillas vinculadas a Aldama en juicio por contratación irregular

El Tribunal Supremo ha iniciado un proceso judicial en el que la expresidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, y el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, han declarado por escrito que no emitieron órdenes para contratar a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. La causa investiga una posible trama de compras de material sanitario durante la pandemia, en la que se pagaron aproximadamente 3,7 millones de euros a dicha firma.

Los testimonios, que han sido leídos en la audiencia, revelan que tanto Armengol como Torres sostienen que en sus respectivos mandatos no tuvieron conocimiento ni dieron instrucciones relacionadas con dichas adquisiciones. La declaración de ambos se produce en un contexto político marcado por acusaciones de posible uso indebido de fondos públicos en la gestión de la crisis sanitaria, así como por la existencia de investigaciones que buscan esclarecer si hubo presiones o favoritismos en la contratación pública durante ese período crítico.

Este proceso judicial forma parte de un escenario más amplio de escrutinio sobre las decisiones tomadas en los niveles de gobierno durante la pandemia, donde se cuestiona la transparencia y la legalidad en la adquisición de material sanitario. La implicación de figuras políticas de alto nivel refleja la sensibilidad del asunto, en un momento en que la gestión de fondos públicos y la respuesta a la emergencia sanitaria están bajo intenso debate público y político.

Por su parte, Torres detalló que el seguimiento de los contratos relacionados con la empresa de Aldama fue parte de la supervisión habitual de su gestión en Canarias, asegurando que en ningún momento emitió órdenes específicas ni tomó decisiones en favor de dicha firma. La acusación sostiene que estas acciones, si hubieran ocurrido, podrían constituir delitos de malversación o prevaricación, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar penas de hasta 30 años para algunos acusados.

En un contexto más amplio, este caso refleja la creciente preocupación pública y política por la gestión de recursos durante la pandemia y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la contratación pública. La transparencia y la rendición de cuentas se presentan como elementos clave para mantener la confianza en las instituciones ante episodios que, además de tener repercusión judicial, afectan la percepción de integridad del sistema democrático en España.