El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha presentado un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar las acciones del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla. Arévalo argumenta que dichas acciones ponen en riesgo la democracia y constituyen un intento de golpe de Estado.

En su recurso, Arévalo también pide la destitución de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Porras ha realizado diversos intentos por inhabilitar los resultados de las elecciones presidenciales y ha intentado ilegalizar al Movimiento Semilla. A pesar de las acusaciones, Porras ha negado liderar un golpe para evitar que Arévalo asuma el poder.

Arévalo ha declarado: "Las acciones que estamos llevando a cabo están respaldadas por la ley, y recurrimos a la ley para defender nuestros derechos y, sobre todo, los derechos del pueblo de Guatemala".

Además, el líder del Movimiento Semilla ha convocado a sus seguidores a protestar ante el tribunal en respuesta a las últimas acciones de la Fiscalía, como el registro de las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Arévalo, estas acciones ponen en duda la integridad del proceso electoral en Guatemala.

Arévalo ha afirmado: "Es evidente que el país necesita salir de esta crisis política causada por aquellos que intentan violar los derechos de los guatemaltecos. Necesitamos restablecer la tranquilidad y eliminar la incertidumbre lo antes posible para poder seguir trabajando en la transición política".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha criticado la "criminalización" del Movimiento Semilla y ha instado a las partes a trabajar en el proceso de transición. Arévalo decidió retirarse del proceso de transición hasta que las condiciones se normalicen.

Desde que el Movimiento Semilla obtuvo resultados sorprendentes en la primera vuelta electoral, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado diversas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar al partido político. Estas acciones han sido condenadas por la comunidad internacional.