"APROGC bajo investigación de la Guardia Civil por críticas a la amnistía basadas en el fervor patriótico"
El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha tomado la decisión de investigar a la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) y tomar medidas disciplinarias y legales en respuesta a su crítica a la ley de amnistía incluida en el acuerdo entre el PSOE y Junts. En su comunicado, la asociación hizo referencia a su juramento de derramar sangre en defensa de España y la Constitución. Esta investigación seguirá las instrucciones del director de identificar a los responsables de la asociación y tomar las medidas necesarias.
La Guardia Civil también anunció previamente que estudiaría posibles consecuencias disciplinarias y legales contra la asociación JUCIL por criticar la posición favorable hacia la amnistía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, APROGC expresó su preocupación por el pacto entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes en relación con la ley de amnistía. Según APROGC, este acuerdo vacía de contenido la misión constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial.
APROGC reafirma su lealtad a la Constitución y a la ley, pero señala su apoyo a los jueces como defensores del Estado de Derecho. La asociación cita el artículo 104 de la Constitución que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proteger los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. Además, destacan su juramento como militares para defender la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional.
La asociación también critica a sus jefes políticos y cuestiona las recientes purgas políticas en el cuerpo. APROGC muestra recelo hacia la ley de amnistía y su posible beneficio al expresidente catalán Carles Puigdemont, basándose en el antecedente de la ley de amnistía de 1977 que, según ellos, fortaleció la vocación terrorista de ETA y aumentó el número de atentados. En este sentido, confían en la independencia del Poder Judicial para mantener el Estado de Derecho y garantizar la igualdad ante la ley.