MADRID, 14 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una dura solicitud de condena que podría llevar al comisario jubilado José Manuel Villarejo a pasar un total de 59 años tras las rejas. Esta petición se fundamenta en una serie de presuntos encargos ilegales que Villarejo realizó en beneficio de la energética Iberdrola durante el período comprendido entre 2004 y 2011. Además, el exdirector de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, enfrenta una solicitud de 42 años de prisión en el mismo caso.

De acuerdo con el documento de acusación, que ha sido enviado a la prensa por Europa Press, el Ministerio Público ha decidido imputar a Villarejo un delito continuado de cohecho pasivo, junto a diez delitos específicos de descubrimiento y revelación de secretos —uno relacionado con cada uno de los encargos ilegales— y un delito continuado de revelación de secretos. La acción legal también incluye al socio de Villarejo, Rafael Redondo, para quien se piden 50 años y seis meses de prisión. Esta situación resalta la gravedad de las acusaciones y las implicaciones que tienen en el ámbito de la seguridad y la ética pública.

La Fiscalía Anticorrupción no solo busca penas privativas de libertad, sino que también ha solicitado que los tres acusados sean responsables de indemnizar a varios afectados, estableciendo un monto total de 285.000 euros en concepto de responsabilidad civil. En este sentido, el Ministerio Público también insta a que tanto Iberdrola como la Administración General del Estado asuman una responsabilidad subsidiaria, lo que podría abrir la puerta a una mayor implicación de entidades estatales en el caso. Este enfoque pone de manifiesto la determinación de las autoridades para combatir la corrupción y la impunidad en el sector público y privado.