• jueves 02 de febrero del 2023
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Anticorrupción examinará las penas pedidas para los imputados en 'Acuamed' por la reforma del delito de malversación

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El juez solicitó en el último mes del año al Ministerio Público la revisión, que afectará a mucho más de 40 imputados

MADRID, 11 Ene.

La Fiscalía Anticorrupción examinará las penas que solicita para los imputados del caso 'Acuamed', mucho más de 40, una vez que el juez instructor solicitara al Ministerio Público que lo hiciese al avisar que la reforma del delito de malversación podría ocasionar rebajas en las necesidades como condena.

Así lo afirman fuentes fiscales consultadas por Europa Press, que afirman que en este momento se van a deber comprobar todas y cada una de las necesidades. Sobre el efecto que puede ocasionar en el escrito de acusación, eligen no adelantar nada hasta el momento en que acaben el análisis.

Esta resolución de la Fiscalía Anticorrupción llega una vez que el 29 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea interesase a través de un coche, al que tuvo ingreso Europa Press, que la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, indicara si "a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, sostiene la petición de transformación a sumario".

En la rama de 'Acuamed' instruida en la Audiencia Nacional se estudian supuestos delitos de malversación, tal como de estafa, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para modificar el valor de los concursos públicos.

El juzgado comandado por Manuel García-Castellón pone el foco en la supuesta adjudicación fraudulenta por la parte de Acuamed de proyectos a diez compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para acrecentar de manera significativa las proporciones que han recibido las adjudicatarias de los contratos del organismo público.

Fue el pasado 29 de noviembre en el momento en que la fiscal anticorrupción solicitó editar a sumario, trámite que se prosigue en el momento en que se estudian hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de prisión, tal como la declaración indagatoria de los encausados.

La etapa de instrucción debía haber concluido el pasado 29 de diciembre pero ese día el magistrado de refuerzo la amplió tres meses, hasta el 29 de marzo, exactamente para ofrecer tiempo a que el Ministerio Público valorara el encontronazo de la reforma de la malversación en 'Acuamed'.

"Esta novedosa regla contempla la reforma del producto 432 del Código Penal, cambiando aparte de su contenido los límites penológicos", lo que "podría sospechar una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería preciso ofrecer nuevo traslado a los efectos de apreciar si procede o no la transformación a sumario", enseña Gadea.

A ello añade que, "de acordarse la transformación, se necesita asimismo la citación de todos y cada uno de los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que, en cualquier caso, se debería llevar a cabo con todas y cada una de las garantías primordiales para no verse perjudicada por la superación del período máximo de duración de la instrucción".

En este sentido, expone "la necesidad de tener un marco procesal conveniente a fin de que estas afirmaciones logren practicarse en el periodo de tiempo de instrucción, y que en la situacion de revelarse algún apunte pudiese realizarse con todas y cada una de las garantías".