• martes 27 de septiembre del 2022
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Anticorrupción archivó la demanda sobre los contratos covid del Gobierno de Ayuso que en este momento inspecciona Fiscalía Europea

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La Fiscalía de españa estimó que la demanda de Unidas Podemos se fundamentaba en una "sospecha"

MADRID, 9 Jun.

La Fiscalía Anticorrupción archivó el pasado 18 de mayo la demanda formulada por el conjunto parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre una sucesión de contratos adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid (CAM) a 2 compañías durante más de 17 millones de euros, al estimar que se fundamentaba en puras "supones", una opinión diferente a la efectuada por la Fiscalía Europea (EPPO), que eligió por investigar el tema.

Así lo acordó el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en un decreto, al que tuvo ingreso Europa Press, donde daba contestación a la demanda presentada por la representante anexa del conjunto 'morado' en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, por supuestos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y ocupaciones prohibidas a los gobernantes públicos y de los abusos en el ejercicio de su función por estos contratos.

Romeral estimó que "la denunciante no contribuye información o documentación alguna, ni siquiera indiciaria, que revele la intervención de algún funcionario público que con su accionar haya facilitado la consecución de los contratos o propiciado irregularidades en su tramitación, para saber la adjudicación de exactamente los mismos a alguna persona física o jurídica".

Para el fiscal, "la base de su demanda está en la sospecha que le infunde la transparencia que ve en las cuentas cada un año presentadas por la sociedad Vindoré" o en dado que falten cuentas cada un año de esta y la mercantil Air Global Media.

El gerente del Ministerio Público explicó que "la sospecha de la denunciante no puede ser la base de la investigación que demanda, ya que los elementos que la basan no bastan para tenerlos como rastros de los delitos que demanda".

"De aceptar la sospecha como razón para atender la intención de la denunciante, nos hallaríamos frente a la investigación de carácter prospectivo, prohibida" por la legislación de españa, remarcó Romeral, que consecuentemente ordenó archivarla.

En cambio, la Fiscalía Europea (EPPO) eligió por investigar los contratos denunciados por Unidas Podemos, al notar rastros de que podría haber un "aumento artificial del precio" de exactamente los mismos que se traduciría en supuestos delitos de estafa y estafa al presupuesto comunitario, en tanto que se habrían nutrido con fondos de la UE, según consta en 2 decretos dictados el 3 de junio.

De acuerdo con esa demanda, a Vindoré --encargada de la comercialización de vinos espumosos a los que se agregan partículas de oro--, se le habrían concedido desde la CAM tres contratos entre marzo y abril de 2020 por un total de 7.740.000 euros para conseguir material quirúrgico asistencial, de protección individual y de curas para abastecer al pabellón número diez de IFEMA, donde se instaló un hospital de campaña para los enfermos covid.

En la situacion de Air Global Media, que tendría como actividad primordial la radiodifusión, habría logrado 4 contratos entre mayo y junio de 2020 para la adquisición de material quirúrgico asistencial y de curas, máscaras y monos, tanto para el hospital de IFEMA para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por un total de diez.060.500.

En todo caso, la EPPO aclara que, en esta etapa inicial, se va a centrar en "la comprobación de los hechos y la concreción de probables rastros de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos se muestran ahora mismo difusos, sin que se disponga de elementos que determinen ahora mismo procesal la específica imputación de nadie".

Los criterios de Anticorrupción y la EPPO ahora chocaron el mes pasado de marzo por el contrato relacionado a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña. Entonces, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió que la primera se hiciese cargo de las diligencias de investigación relacionadas al contrato y que la Fiscalía Europea indagara en la viable malversación, estafa y cohecho con relación a los fondos de europa.