La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha tomado una decisión firme en relación con la inhabilitación del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, quien fue sancionado con dos años sin poder ejercer su cargo. Esta resolución reafirma la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que anteriormente había señalado que Rocha incurrió en "tres infracciones muy graves" durante su mandato.

Según la información presentada, la Sección Sexta de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 2, quien el pasado 3 de septiembre desestimó la solicitud de Rocha que pretendía paralizar cautelarmente la resolución del TAD. El objetivo de esta solicitud era poder presentarse a las elecciones de la RFEF, algo que, con esta confirmación, se complica considerablemente.

Los magistrados han expuesto que las infracciones por las cuales Rocha fue sancionado están vinculadas a un ejercicio inapropiado de competencias, señalando que actuó al margen de la normativa reguladora de la Federación. Al actuar de esta manera, desoyó las normas internas y privó al órgano de gobierno de decisiones que le correspondían por derecho, lo que agrava su situación.

La Sala ha subrayado que la inhabilitación busca asegurar que los órganos que ejercen funciones dentro de la Federación lo hagan de manera correcta y conforme a la ley. En este sentido, han expresado que Rocha actuó de manera arbitraria, sustituyendo la voluntad del ente federativo por decisiones propias y restando autoridad al órgano de gobierno que debía asumir tales competencias.

Asimismo, los jueces advierten que si se hubiera aceptado la medida cautelar solicitada por Rocha, corría el riesgo de repetir comportamientos previos que perjudican gravemente los principios que la legislación deportiva intenta salvaguardar. Esto plantea un dilema entre el interés particular de Rocha y el interés general, siendo este último el que debe prevalecer en esta situación.

La Audiencia Nacional ha indicado que el manejo de las funciones dentro del ámbito deportivo debe estar guiado por la integridad, y es por ello que no se puede permitir que alguien inhabilitado ejerza un cargo que contraviene principios fundamentales del deporte. La idea es que las instituciones deportivas operen con la debida ética y transparencia, protegiendo así los valores de honestidad y respeto que deberían ser ejemplares en la sociedad.

Los magistrados han dejado claro que no es congruente con dichos principios permitir que Rocha mantenga su posición de poder y se presente a unas elecciones mientras está sancionado por excederse en sus funciones. Tal situación chocaría directamente con la imparcialidad y el respeto a las normas que deben guiar la actividad en el deporte, y concluyen que esta decisión es indispensable para preservar la legitimidad y el correcto funcionamiento de las federaciones deportivas.