El impacto económico de la reducción de jornada laboral está generando preocupación entre empresarios y autónomos en España. Se estima que esta medida, promovida por el Gobierno, costará más de 12.000 millones de euros a los sectores productivos del país.

En declaraciones recientes, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha señalado que el crecimiento del empleo en 2025 podría ser inferior al del año anterior. Esta situación se atribuye a las "trabas" legislativas que el gobierno ha implementado en 2024 y que comenzarán a aplicarse en el nuevo año.

Amor argumenta que la subida de cotizaciones y la nueva carga fiscal, junto con la implementación de una jornada laboral reducida a 37,5 horas, plantean desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas. Estas entidades serán las más afectadas por la reducción de jornada, y la situación se ve agravada por la destrucción de empleo que ha ocurrido en aquellas empresas con uno a tres trabajadores durante el último año.

El líder de ATA expresa su escepticismo respecto a la creación de 400.000 nuevos empleos, cifra que se registró al cierre del año anterior. Indica que, de acuerdo con la tendencia actual, este objetivo está lejos de alcanzarse y que la situación del mercado laboral puede ser más complicada de lo que las cifras oficiales sugieren.

En su análisis, Amor también se detiene en el efecto directo que la reducción de jornada tendrá sobre los autónomos. Expresa su preocupación porque un trabajador por cuenta propia no podrá simplemente ajustar los horarios de su negocio, lo que significa que deberá asumir toda la carga de estos cambios en sus condiciones laborales.

Desde una perspectiva económica, Amor considera que, aunque el PIB podría crecer en 2025, este incremento será moderado. También ha criticado las nuevas medidas fiscales, como la cuota de solidaridad y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que, según él, son meros parches que no abordan el déficit real del sistema de pensiones español.

“Estamos ante un problema de gasto que no se resuelve simplemente aumentando las tasas o creando medidas temporales", explica. Amor resalta que muchos trabajadores con ingresos superiores a 59.000 euros anuales podrían acabar ganando "lo mismo o incluso menos" a causa del nuevo MEI y la cuota de solidaridad que se aplica a los salarios que superen los 4.909 euros mensuales.

Asimismo, el presidente de ATA considera que ser autónomo en España está convirtiéndose en una tarea cada vez más complicada. Asegura que enfrenta un entorno donde hay un aumento de burocracia y una fuerte presión fiscal que afecta desproporcionadamente a las pequeñas empresas y autónomos, quienes son los más vulnerables ante estas circunstancias.

En cuanto al IVA franquiciado, Amor califica de "incomprensible" que España sea el único país de la Unión Europea que no lo implementará en 2025, exceptuando las actividades que se relacionan con países que sí han adoptado esta directiva. Lamenta que, a pesar de las conversaciones mantenidas durante dos años con la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda haya decidido no avanzar en su aplicación.

Finalmente, Amor concluye que, en pleno siglo XXI, los trabajadores autónomos continúan obligados a presentar su declaración de IVA trimestralmente, un requisito que podría haberse simplificado o eliminado en lugar de perpetuar una carga administrativa que solo agrega más obstáculos a su labor diaria.