• viernes 03 de febrero del 2023
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Amnistía demanda "sepa de justicia" después de las 35.000 muertes de mayores en viviendas a lo largo de la pandemia

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MADRID, 25 Ene.

Amnistía Internacional ha denunciado que, tras 35.000 muertes de personas mayores en las viviendas a lo largo de la pandemia, las víctimas y familiares solo recibieron "transparencia por la parte de la Fiscalía y sepa de justicia en los tribunales".

"El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial hicieron los deberes para cambiar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos fueron violados", ha asegurado el directivo de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Ante esta situación, demanda la reapertura de las situaciones archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la realidad y asegurar la justicia y la reparación para todas y cada una de las víctimas.

Esta situación de abandono se refleja en testimonios como el de Mercedes Huerta, familiar de entre las víctimas de las viviendas madrileñas a lo largo de la primera ola de la pandemia y integrante de la Plataforma Verdad y Justicia. "Me he sentido dejada, desilusionada y algo que no podré comprender jamás: de qué forma una sociedad puede formar parte una matanza de estas peculiaridades, única en la democracia, y que aún absolutamente nadie haya tomado medidas a fin de que se realice justicia y, más que nada, a fin de que jamás mucho más se vuelva a reiterar", ha manifestado.

Según apunta Amnistía Internacional, las autoridades han "infringido" su obligación de investigar de manera "intensa y correcta" las vulneraciones de derechos humanos sufridas por la gente mayores que vivían en las viviendas. Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.

Además, la organización demanda la "transparencia" de la Fiscalía General del Estado en tanto que, tres años tras el comienzo de la pandemia, "no hay datos de ingreso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido".

Tampoco existe información, según precisa, para comprender en cuántas de ellas se ha pedido declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una deficiente investigación anterior. La Fiscalía emitió 2 oficios pidiendo información a las fiscalías provinciales en el mes de febrero y octubre de 2022, sin que de momento se hayan hecho públicos reportes de datos o actuaciones derivadas de exactamente las mismas.

En este sentido, añade que los datos publicados hasta el día de hoy son "parciales", y corresponden a información que ciertas fiscalías provinciales incluye en sus memorias cada un año, como la situacion de la Fiscalía de Madrid, que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, y donde el 86% de las situaciones fueron archivados, o la Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021, que da cuenta de su preocupación por los derechos de la gente mayores, pero proporciona "pocos" datos sobre las situaciones penales.

Para la organización, el "único paso positivo" es que el trabajo remitido por Fiscalía el mes pasado de octubre solicitaba asegurar que las familias fuesen escuchadas en las indagaciones aún abiertas, tal como garantizar que los fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios importantes. Si bien, cree que la medida resulta "limitada" si no incluye asimismo las situaciones archivados en su instante, que tienen que reexaminarse.

Por otro lado, Amnistía Internacional cuenta ciertos casos en los que cree que se han logrado "adelantos" en las fiscalías provinciales, como en la Fiscalía de Mataró, que abrió diligencias y presentó una demanda el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y castigo contra el directivo y directiva médica de una vivienda a lo largo de la pandemia; o en Madrid, donde un juez ha pedido la comparecencia en calidad de presentes del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y del entonces directivo de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a centros de salud, Carlos Ratón.

Por todo ello, Amnistía Internacional pide la reapertura de esos casos casos archivados a fin de que se reexaminen y se valore apropiadamente si se estudió lo bastante, introduciendo los testimonios de familiares.

Por otro lado, la organización lamenta "óbices" a nivel autonómico y precisa que, hoy en día, solo prosigue activo un conjunto de trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto investigar lo sucedido y discutir sobre un nuevo modelo residencial.

Además, cree que el Defensor del Pueblo "no tuvo un papel activo estudiando lo sucedido" y ten en cuenta que le ha pedido la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes en viviendas. También critica la actuación del Consejo General del Poder Judicial que "tampoco hizo rastreo sobre si estas víctimas están logrando ingreso a la justicia como indican las reglas de todo el mundo".

En este contexto, la organización pide al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la realidad y asegurar la justicia y la reparación para todas y cada una ellas. "Las autoridades quieren pasar página sobre lo sucedido, sin tomar en consideración que la realidad, memoria, justicia y reparación son indispensables a fin de que algo afín no vuelva a ocurrir y se aseguren los derechos humanos", concluye Beltrán.

Sobre el nuevo modelo residencial que se aprobó el mes pasado de junio de 2022, Amnistía Internacional valora de forma positiva ciertos puntos como el lugar de unos criterios recurrentes de elementos materiales y ratios de personal o garantizar la dignidad de trato, pero piensa que es mejorable en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la obtenida unificada de datos.

Además, la organización expresa su preocupación por que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que exponían bocetos anteriores, dejándolo a cargo de las comunidades autónomas, y que no se garantice que las demandas sean anónimas.