• jueves 02 de febrero del 2023
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Alquileres que acaben antes del 30 de junio de 2023 se van a poder prorrogar seis meses sin mudar condiciones

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Se prolonga el intérvalo de tiempo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares atacables hasta el 30 de junio de 2023

MADRID, 1 Ene.

A lo largo de todo el 2023 se sostendrá el límite del 2% en la revisión de forma anual de las rentas de los contratos de alquiler en vigor y se va a poder prolongar seis meses la vigencia de esos contratos que concluyan antes del 30 de junio, sosteniendo así exactamente las mismas condiciones.

En el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para realizar en frente de las secuelas económicas y sociales de la guerra en Ucrania se incluye una prórroga excepcional de seis meses de la vigencia de los contratos de alquiler que concluyan antes del 30 de junio de 2023, siempre y en todo momento a solicitud del arrendatario. Durante esos seis meses se proseguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

El arrendador va a deber admitir la petición de prórroga a menos que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que este haya comunicado en tiempo y forma que precisa la vivienda para destinarla a vivienda persistente para sí o sus familiares en primer nivel de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los presuntos de sentencia estable de separación, divorcio o nulidad marital.

La renta del contrato aplicable a lo largo de esta prórroga excepcional no va a poder sospechar un aumento mayor a la variación de forma anual del Índice de Garantía de Competitividad, que va a ser como máximo un 2%.

Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2023 sigue la restricción de la actualización de forma anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2%, y se amplía hasta el 30 de junio la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda frecuente para personas y familias atacables.

Así, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda frecuente cuya renta haya de ser actualizada pues se cumpla la pertinente anualidad de vigencia de tal contrato, va a poder negociar con el arrendador el aumento que se va a aplicar en esa actualización de forma anual de la renta.

Eso sí, en sepa de pacto, la renta del contrato no va a poder actualizarse sobre la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad, un índice ubicado en la actualidad en el valor máximo del 2% y que, según con su definición, no puede sobrepasar en ningún caso ese porcentaje.

La cuantía del aumento a utilizar en la renta del contrato va a ser la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario. En caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el aumento de la renta no va a poder sobrepasar en ningún caso de la referida variación de forma anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de esa actualización.

Además, caso de que el arrendador sea un enorme tenedor, el pacto a lograr entre dueño y también inquilino no va a poder sospechar un aumento mayor a la variación de forma anual del Índice de Garantía de Competitividad, tomando como mes de referencia para la actualización el que sea correcto al último índice que estuviese anunciado en la fecha de actualización del contrato, que no puede sobrepasar el 2%.

Se comprende como enorme tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de sobra de diez inmuebles urbanos de empleo residencial o una área construida de sobra de 1.500 m2 de empleo residencial, excluyendo en cualquier caso garajes y cuartos trasteros.

Además, se alargan hasta el 30 de junio de 2023 múltiples medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes en el llamado 'escudo popular' en temas de vivienda, aprobado frente a la necesidad de realizar en frente de las secuelas de la pandemia de la Covid-19.

Se trata de agrandar hasta el 30 de junio de 2023 las medidas de protección que se aprobaron para esos hogares atacables que se encaren a métodos de desahucio de su vivienda frecuente, con la acción ordenada de los órganos judiciales y de los servicios sociales eficientes, incluidos esos hogares damnificados por métodos de lanzamiento de su vivienda frecuente, que no se delegen de contratos de arrendamiento, en el momento en que existan personas dependientes, víctimas de crueldad sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la oportunidad de que el juez, anterior opinión ponderada y proporcional del caso específico, tenga la capacitad de suspender la publicación, en el momento en que los dueños de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas sucesos de sobra de diez casas, pidiendo informe a los servicios sociales eficientes con objeto de que logren apreciar la situación de puerta de inseguridad económica y también detectar las medidas a utilizar para ofrecer contestación a esa situación.