En un clima de tensión política, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a las críticas de la oposición de izquierda durante un Pleno extraordinario, donde se debatió el acuerdo del 30 de septiembre relacionado con el denominado "síndrome post-aborto". Almeida dijo contundentemente que dicho acuerdo "no es de obligado cumplimiento" y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han determinado que no se ejecutará.

Durante su intervención, el primer edil destacó el informe jurídico que respalda su posición, afirmando que el Ayuntamiento puede ofrecer información sobre el aborto de forma "libre y voluntaria", siguiendo los lineamientos de las autoridades sanitarias, pero siempre en el contexto de la promoción de la sanidad pública. Esta aclaración buscaba desmarcarse de la interpretación de la izquierda que argumentaba que existía una obligación de informar sobre el mencionado síndrome.

Almeida explicó que su administración no tiene un papel asistencial en este ámbito, lo que significa que no está en condiciones de proporcionar información que sea obligatoria en el ámbito de la salud, diferenciando entre el servicio público que ofrece y el carácter asistencial exigido a otros organismos. Este argumento fue clave para justificar el voto en contra del primer punto del orden del día propuesto por la oposición.

La mayoría del PP en el Pleno se tradujo en un rechazo a la solicitud de la izquierda, que pretendía que el Ayuntamiento no llevase a cabo la difusión sobre el síndrome post-aborto en diversos espacios municipales. El alcalde afirmó que la oposición no solo carecía de argumentos sólidos, sino que evidenciaba una falta de comprensión sobre la naturaleza de los acuerdos del Pleno, referenciando a antiguos presupuestos adoptados durante el gobierno de Manuela Carmena.

Almeida aprovechó para mostrar el informe que había sido parte de la enmienda presentada en la sesión anterior, la cual no fue aceptada por Vox, y que intentaba sumar al debate la necesidad de proporcionar información sobre el trauma post-aborto. La negativa a aprobar esta enmienda refleja la divergencia de posturas entre las formaciones políticas respecto a este delicado tema.

A pesar de que Almeida reconoció que su voto anterior no logró el objetivo de facilitar información a las mujeres, reiteró que este debe ser un objetivo común y criticó tanto a Vox como a la izquierda por su enfoque sobre el asunto, defendiendo la autonomía y libertad de las mujeres para tomar decisiones informadas sin interferencias externas.

Desde Vox, la portavoz Carla Toscano no tardó en criticar a Almeida, cuestionando su compromiso con los acuerdos del Pleno y acusándolo de ser un alcalde que evade sus responsabilidades. Toscano trajo a colación en su intervención informes que sustentan la existencia del síndrome post-aborto, arremetiendo contra el PP por lo que considera una falta de principios en un tema tan crítico.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, respondió con firmeza al alcalde, pidiéndole que se disculpase por lo que considera un ataque a derechos fundamentales como el del aborto. Maroto enfatizó que no hay margen para la interpretación en la defensa de estos derechos frente a lo que califica como un "juego" entre el PP y la ultraderecha.

En un ambiente de crispación, el pleno fue interrumpido brevemente por los gritos de una activista a favor del aborto. Mientras tanto, activistas de Derecho a Vivir ofrecían panfletos que promovían el mensaje de que la vida es la única opción, recibiendo apoyo de miembros de Vox, mientras que representantes de Más Madrid mostraban sus colores a favor de la causa con pañoletas verdes, símbolo del movimiento en Argentina.

Esta jornada resalta las profundas divisiones ideológicas en torno al aborto en la política madrileña, con cada bando defendiendo su postura con vehemencia. Mientras el PP continúa sosteniendo su posición, la izquierda reafirma su compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres, augurando un intenso debate político en el futuro.