• domingo 25 de septiembre del 2022
728 x 90

Afirmado el coche judicial que ofrece sentar en el banquillo a los alcaldes de Chinchón y Velilla

img

El juez cree que hay rastros suficientes para imputarles, al lado de otras 22 personas, un delito de prevaricación en adjudicaciones

MADRID, 3 Ago.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el coche del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el que ofrece evaluar a un total de 24 personas introduciendo siete gobernantes de la Comunidad de Madrid y a los alcaldes de las localidades de Chinchón y Velilla de San Antonio por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos públicos en una sucesión de proyectos pequeñas concedidas a la compañía Efial Consultoría S.L.

La resolución de la Sección Tercera llega tras estudiar los distintos elementos de apelación que presentaron los imputados contra la resolución de Calama de marzo del actual año. Entienden que el coche está bastante animado y por consiguiente no hay indefensión, así como sugerían los investigados.

Cabe rememorar que la investigación se inició en 2013 en un juzgado de Vendrell a causa de una demanda de Fiscalía con relación a probables irregularidades cometidas en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, en Cataluña.

Fue a causa de las primeras pesquisas en el momento en que el juzgado de Vendrell apreció la presencia de un mecanismo engañoso ejecutado por la mercantil Efial en varios municipios de España y remitió una parte de su investigación a la Audiencia Nacional. En ese instante, el juez abrió hasta tres piezas separadas.

Calama dio por terminada la investigación de una parte específicamente: la que perjudica a los municipios madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Asimismo, acordó el sobreseimiento de las operaciones similares con el consistorio de Arganda del Rey.

La Sala señala que el coche del magistrado no es nulo pues en él deja por escrito que la instrucción practicada lanza rastros de la viable comisión o participación delictiva por la parte de los investigados. "Y estando, al menos, rastros de delitos (...) la resolución recurrida resulta correcta y adecuada", añade el tribunal.

Sobre el razonamiento de varios de los recurrentes de que sus formas de proceder de ningún modo fueron delictivas, y que no se ajustaban a ningún tipo contemplado en el Código Penal, la Sala contribuye jurisprudencia del Supremo para terminar afirmando que "estando una proposición acusatoria elogiable debe posibilitarse la clausura de la etapa de instrucción y la oportunidad de celebración del acto del juicio".

En cuanto al recurso de entre los imputados, Juan José Mora Cuadrado, que aducía que los hechos precedentes a 2012 habían prescrito y por consiguiente no había delito continuado, el tribunal apunta que en su caso específico la prescripción "en lo más mínimo puede considerarse manifiesta".

En esta parte específicamente el juez ofrece enviar a juicio, entre otros muchos, al de hoy alcalde de Chinchón, el sin dependencia Francisco Javier Martínez Mayor, y a su precursora, María Luisa Fernández, a la regidora de Velilla de San Antonio, la socialista Antonia Alcázar, o al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Meco, Luis Miguel Gómez Garda.

El magistrado asimismo se dirige contra el jefe de la sección de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Getafe, Juan Garda, el jefe del órgano de administración tributaria del mismo consistorio, Emilio Fernández Agüero, la directiva general de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Móstoles, Isabel Apellániz o la interventora del Ayuntamiento de Torrejón, Lucia Mora.

Considera acreditada la presencia de un mecanismo consistente en la elusión de los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los convocados municipios.

Así, apuntaba en su coche de marzo que los investigados de Efial -que pasó a nombrarse Consultoría en Gestión Innovadora S.L. (CGI)- aceptaron tareas propias de los gobernantes públicos, hasta el punto de formar parte ilegalmente en los procesos de certamen oposición, actuando como aconsejes propuestos por el alcalde y facturando por realizar las bases de los concursos.

El juez Calama señala en el coche el modus operandi que, habitualmente, consistía en la creación de compañías municipales públicas en donde Efial creaba o administraba una entidad pública empresarial, supuestamente vacía de aptitud ejecutiva, facilitando la elusión del control administrativo.

En este contexto, asimismo se relajaba "el nivel de acatamiento a la normativa de contratación pública dando sitio a que el cargo de gerente en la referida mercantil" fuera "asimismo exactamente el mismo gerente de la compañía pública".

Así, y en lo relativo a la contratación pública, el juez enseña que se causó un "direccionamiento de los contratos públicos, transgrediendo los principios de rivalidad y concurrencia, que piensa que se adjudiquen a una mercantil que probablemente oferte unas condiciones que no sean las mucho más buenas económica o técnicamente para la Administración Pública".

Por tanto, y en el caso de generarse la adjudicación, se generaba una despatrimonialización de la Administración ya que no se generaba la adjudicación a la compañía mucho más correcta para efectuar el trabajo ofertado, sino más bien a la que la intención de los intervinientes determinase.

Los hechos encajan, según explicaba Calama, en un delito de prevaricación administrativa en la medida en que los investigados fraccionaban los contratos con el propósito de reducir la cuantía de exactamente los mismos y no sobrepasar los 18.000 euros para no saltar el límite del contrato menor.

"Se pactó siempre y en todo momento un precio inferior al del contrato menor; se fraccionó el importe del contrato para ajustarlo al máximo cuantitativo del contrato menor; se prescindió de los principios de propaganda y libre concurrencia que han de estar presentes en la contratación administrativa", enseña el magistrado.

Así las cosas, el juez especificaba que los servicios fueron siempre y en todo momento concedidos en pos de exactamente los mismos expertos seleccionados, con quiebra de los principios de propaganda, concurrencia, transparencia, y también igualdad. "Esto es, la adjudicación en pos de CGI, esencialmente, se efectuó en todos y cada uno de los casos expresados en el relato de hechos punibles a través de contratación directa, normalmente, dividiéndose de forma falsa los servicios, con un fraccionamiento irregular en su facturación", añade.

Y todo ello, concluía, "con la meta de que se tramitaran como contratos menores, de forma que las facturas fuesen siempre y en todo momento de un importe menor a 18.0000 euros, con lo que, al unísono, se eludían los requisitos de propaganda propios del trámite de adjudicación pertinente".