El magistrado acordó la semana anterior no prorrogar la causa sobre el contrato de la capacitación 'morada' con la asesora

MADRID, 4 Ago.

Vox y ProLege han anunciado nuevos escritos para soliciar al juez del 'caso Neurona' que prosiga estudiando el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con la asesora para las selecciones en general de abril de 2019. Ambos se han apoyado en un informe pericial solicitado por los de Santiago Abascal en el que se afirma que "la información que se solicitó vía judicial" a la capacitación 'morada' "fue eliminada de forma consciente y con interés en que no logre encontrarse por un individuo con ingreso a la cuenta" de 'ahorapodemos' en Facebook.

El archivo pericial, al que tuvo ingreso Europa Press, fue aportado por Vox el pasado 26 de julio. Al día después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid acordó no prorrogar la investigación y desechó la solicitud del partido de llamar a declarar al gerente legal de Podemos.

Tras esta resolución del magistrado Juan José Escalonilla, ámbas acusaciones populares se han dirigido de nuevo al Juzgado. La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, explicó --en un escrito al que tuvo ingreso esta agencia-- que el partido reitera que esta petición "al amparo de las conclusiones contradictorias que alcanzan los reportes periciales sobre las patentizas reportajes presentadas por Podemos"; esto es, el informe que aportó el partido comandado por Ione Belarra, el que firmó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el que encargó Vox.

Asimismo, la acusación habitual que ejercita ProLege ha subrayado que el archivo pericial que entregó la capacitación de Abascal "lo firma nada más y nada menos que el Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos". En este sentido, la letrada Carolina Mata ha asegurado en su escrito --al que asimismo tuvo ingreso Europa Press-- que "podríamos estar frente a un presunto delito informático".

En el archivo al que hacen referencia diríase que Podemos no aportó algunos datos al Juzgado -específicamente, contenidos electorales difundidos por medio de la cuenta del partido en Facebook a lo largo de la campaña electoral de abril de 2019-- y adujo que no estaban libres en la comunidad. Los peritos que escriben el informe solicitado por Vox afirman haberlos encontrados.

Según comentan, la información fue eliminada por un individuo con ingreso a la cuenta en tal comunidad y "sin entendimientos en lo más mínimo de indexaciones", por el hecho de que se efectuó un "eliminado superficial". Así, afirman que "la información que se solicitó vía judicial fue eliminada de forma consciente y con interés en que no logre encontrarse".

En el marco de tal archivo, al que tuvo ingreso esta agencia, asimismo diríase que el perito que firma el informe aportado por Podemos es "parte interesada" por el hecho de que figura como gestor de la cuenta del partido en el instante de avance de la pericial.

Ante esta afirmación, la vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido en que es requisito que se cite a declarar al gerente legal de Podemos al objeto de aclarar, entre otros muchos extremos, "la implicación directa del perito en la viable actuación delictiva, en el manejo de la cuenta de Facebook como gestor, cuestión que habrá de ser valorado por el Juzgador ya que prueba la presencia de sólidos rastros de la presencia de un presunto delito informático".

La causa arrancó por estas datas hace un par de años a causa de una demanda del ex- letrado de Podemos José Manuel Calvente sobre diferentes hechos que reflejaban presuntas irregularidades en el seno de la capacitación 'morada'.

El instructor se centró en el contrato firmado entre Podemos y Neurona Comunidad --la filial de españa de la compañía mexicana Neurona Consulting-- por el hecho de que sospechaba que fue de todos modos un contrato simulado por cuanto no se habría prestado servicio alguno.

En estos años, Escalonilla intentó dilucidar si Neurona logró algún trabajo para esa campaña electoral, examinando para esto el material aportado por Podemos y múltiples reportes policiales, y oyendo a varios presentes y los encausados, entre ellos la gerente de la capacitación política, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y Monedero.

La semana anterior, el juez rechazó la solicitud de las acusaciones y acordó no prorrogar la investigación. La Fiscalía, que coincide con el método de no prolongar el período de investigación, presentó un escrito -al que tuvo ingreso esta agencia-- en el que aseguraba que de las diligencias practicadas "no resulta indiciariamente acreditado la presencia de un contrato simulado". "Lo que resta por aclarar (si es viable) es el valor de los trabajos completados y si hay exceso en el pago", apuntó la fiscal.

Podemos, por su lado, aseguró en su cuenta de Twitter que esta causa está fundamentada en "rumorología" y que, por este motivo, va a quedar suspendida y se "sumará a la compilación de patrañas" contra la capacitación morada.