Crónica España.

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Acuerdo entre PP y PSOE para la reforma del CGPJ y la Fiscalía: primer paso en el Congreso.

Acuerdo entre PP y PSOE para la reforma del CGPJ y la Fiscalía: primer paso en el Congreso.

El Congreso tiene previsto considerar y aprobar una ley el día 23 para que el Senado dé su aprobación final al día siguiente.

MADRID, 4 Jul.

El Pleno del Congreso iniciará este jueves la tramitación de una propuesta de ley para reformar la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo de evitar las 'puertas giratorias' en la justicia, fortalecer las mayorías en la aprobación de nombramientos judiciales, y solicitar al nuevo Consejo General del Poder Judicial que proponga posibles cambios en el sistema de elección de vocales.

Esta reforma legislativa, parte de un pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ después de más de cinco años de bloqueo, se llevará a cabo mediante un procedimiento de urgencia con el objetivo de ser aprobada en tres sesiones plenarias en el Congreso y una en el Senado. La proposición de ley fue calificada por la Mesa del Congreso el martes y publicada en el Boletín de las Cortes el mismo día, recibiendo el visto bueno del Gobierno en poco más de una hora para ser debatida en el Pleno dos días después.

Tras la consideración de la ley, los grupos parlamentarios tendrán hasta el próximo martes para presentar enmiendas, siendo necesario un texto alternativo en caso de enmiendas de totalidad. Está previsto que el debate de totalidad se lleve a cabo el día 11, seguido por la discusión del texto en la Comisión de Justicia la semana siguiente, y la aprobación en el Pleno del Congreso el día 23 para su envío al Senado.

La combinación de votos del PP y el PSOE les garantiza superar las votaciones en todas las fases del procedimiento parlamentario, habiendo acordado no aceptar enmiendas que no cuenten con el respaldo de ambos partidos.

La proposición de ley consta de dos artículos, una disposición adicional, una transitoria y una final. El primer artículo incluye trece apartados que abordan aspectos como los requisitos para el nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados. La reforma aumentará el tiempo necesario de carrera judicial para ser nombrado magistrado del Supremo de 15 a 20 años.

Además, se establecerá una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para designar presidentes de Audiencias Provinciales y al magistrado del Tribunal Supremo encargado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su suplente. También se creará una Comisión de Calificación en el CGPJ para evaluar los nombramientos y garantizar una valoración objetiva de las candidaturas.

La reforma aborda la cuestión de las 'puertas giratorias', declarando en excedencia voluntaria a los jueces que se presenten como candidatos a cargos políticos o los ocupen. También se introducen incompatibilidades para los nombramientos de vocales del CGPJ, limitando la elección de ciertos candidatos en base a su historial político.

El segundo artículo de la ley modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e introduce un nuevo régimen de incompatibilidades para el cargo de fiscal general del Estado.

Se establece que el fiscal general deberá abstenerse de intervenir en casos donde existan causas de abstención para jueces y magistrados. Las partes involucradas en los casos podrán solicitar la no intervención del fiscal ante su superior jerárquico o, en el caso del fiscal general, ante el teniente fiscal del Tribunal Supremo, cuya decisión será tomada por la Junta de Fiscales de Sala.

Por último, la reforma ordena al nuevo CGPJ, cuyo nombramiento se espera este mes, que presente un informe en seis meses analizando sistemas de elección similares en Europa y proponiendo cambios en el sistema de elección de vocales. Esta propuesta deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los vocales y estar en línea con los estándares europeos, con el objetivo de contar con la aprobación de la Comisión Europea.

Posteriormente, la propuesta se trasladará al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación. No obstante, su aprobación dependerá del respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado.