Académicos exigen acceso a documentos históricos del Archivo de Interior en España

Un grupo de aproximadamente medio millar de académicos ha dirigido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando la liberación de millones de documentos históricos almacenados en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). Estos archivos, que comprenden periodos del siglo XIX, la Segunda República y el franquismo, permanecen bloqueados en incumplimiento de la normativa vigente.

La iniciativa cuenta con la adhesión de académicos de casi cincuenta universidades públicas españolas, además de instituciones académicas en Argentina, Estados Unidos y diferentes países europeos. La problemática radica en que este archivo, encargado de custodiar documentación histórica, sigue gestionando fondos que deberían estar en archivos especializados, dificultando el acceso para investigadores y afectando la transparencia y el derecho público a conocer su historia reciente.

Los firmantes denuncian retrasos en las solicitudes de consulta, la entrega de documentos con marcas de censura y la falta de instrumentos adecuados para la consulta. Critican además que la normativa interna del archivo no refleje las actuales normativas de transparencia y apertura, y que la documentación histórica más antigua no debería mantenerse en un archivo policial, sino en archivos históricos especializados.

Por ello, exigen la transferencia inmediata de los fondos documentales del AGMI al Archivo General de la Administración, prevista desde diciembre de 2024, y el establecimiento de condiciones de acceso similares a otros archivos públicos. Reclaman también la actualización de las regulaciones de consulta y la incorporación de medidas que faciliten la consulta presencial y digital, garantizando el acceso sin restricciones injustificadas.

Este movimiento se enmarca en una coyuntura política en la que el Parlamento ha aprobado una proposición no de ley para impulsar la digitalización y el acceso público a estos fondos, con especial énfasis en la documentación relativa a la historia reciente y las víctimas del franquismo. La iniciativa cuenta con el apoyo de diversos partidos, aunque también enfrenta oposición, principalmente de formaciones que defienden una visión más restrictiva del acceso a archivos históricos.

El debate refleja la tensión entre la gestión de archivos públicos, la memoria histórica y la transparencia institucional. De cara al futuro, la resolución de estas reclamaciones podría marcar un paso importante hacia una mayor apertura en el acceso a archivos históricos en España, en línea con las normativas internacionales y las mejores prácticas archivísticas.